Contamine usted, sin pudor. Tiene seis meses. Ese parece ser el permiso especial que el Gobierno de Mozambique ha expedido para la compañía BHP Billition, especializada en el sector de los recursos naturales y principal accionista de Mozal, la filial que en este caso concreto, se dedica a la extracción de aluminio en el país africano.
Seis ONG han solicitado ahora una orden judicial para anular dicho permiso. Claro que, el propio Gobierno participa en el negocio con un 3.9%.
Seis organizaciones medioambientales de Mozambique han solicitado una orden judicial para anular un permiso especial expedido a la compañía para emitir humos industriales sin filtros durante seis meses. Antonio Reina, director de Livango, una de dichas ONG, explicó en Maputo que han recurrido a la solicitud de una orden judicial porque Mozal “se ha negado a mostrar los documentos relativos a la solicitud del permiso especial».
Según dijo, la organización que preside sólo ha podido acceder al plan de negocio de la compañía que consta en el Ministerio de Medio Ambiente, pero que carece de fecha. «Mozal había prometido presentar a las ONG una copia del permiso especial expedido por el gobierno, así como el estudio del impacto ambiental que tendría la actividad permitida», dijo Reina.
Las ONG han recogido 14.000 firmas de personas que se oponen a que la industria Mozal continúe su trabajo en la zona, un barrio residencial ubicado 17 kilómetros al oeste de la capital, Maputo.
BHP Billiton opera en esta planta de fundición de aluminio, la más grande de Inversión Extranjera Directa hasta ahora en el país, con 1,3 mil millones de dólares. Concretamente, BHP Billiton tiene un 47,1% de interés en la empresa conjunta. Los otros socios son Mitsubishi Corporation (25%), la Corporación de Desarrollo Industrial del Sur de Africa (24%), y el gobierno de Mozambique (3,9%).
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