Esto no es una expropiación, es una “ocupación temporal de tierras”, coopere señor campesino para que las petroleras o mineras, según convenga al Estado, vengan a destrozar su territorio. Coopere porque si no vende, su campo será ocupado. Ya lo dice la Constitución.
Este es el argumento con el cual los senadores de México de todos los partidos políticos aprobaron en las leyes secundarias de la Reforma Energética que se deberá pagar a campesinos, indígenas y propietarios de tierras que se sientan afectados cuando el Gobierno dicte la expropiación forzada de sus territorios para la explotación petrolera o minera por parte de empresas extranjeras y unas cuantas nacionales.
En otras palabras, hacer legal el saqueo y suavizarlo con retórica para que los afectados no se sientan robados cuando, de hecho, el Estado y los monopolios les roben sus tierras.
La legislación argumenta que este saqueo es imprescindible para “establecer condiciones competitivas para las inversiones” que, en el caso de la Ley Minera, abre de par en par las puertas de la explotación capitalista de libre mercado, donde las leyes actúan más como facilitadores de negocios, y no como reguladores.
De hecho, la Ley privilegia la explotación minera por encima de cualquier otro aprovechamiento de la tierra, incluida el agua y la alimentación. Esto con relación a preponderancia que ha establecido la burguesía del Estado mexicano para importar alimentos en vez de producirlos. Por ejemplo el maíz, donde México ha pasado de ser uno de los principales productores de maíz criollo -aquel que puede re aprovecharse- y originario, a ser importador de maíz transgénico.
Pero este nuevo atentado contra el campesinado del país no es una simples ocurrencia. De acuerdos con un estudio publicado por la Comisión Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas, México ocupa el quinto lugar internacional en “potencial minero”. Esta es la razón por la cual la mineras extranjeras, principalmente canadienses, han encontrado en el país literalmente un paraíso. Ya lo tenían con la condonación de obligaciones fiscales y la condonación de todos sus crímenes ambientales, sino que ahora esto y mucho más será legalizado gracias a la Ley Minera y la Ley Energética.
No se debe olvidar que fue debido a la protección que el Estado mexicano brinda a las mineras canadienses, que en agosto del 2013 fueron asesinados en Guerrero, Raymundo Velázquez, Miguel Solano y Samuel Vargas, líderes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emilianl Zapata (LARSEZ) y militantes del Partido Comunista de México, por emprender una resistencia contra la explotación minera en La Móntaña guerrerense. Otros casos paradigmáticos ha sido la devastación de la zona indígena Wirikuta y la lucha por los daños causados ambientales e irreversibles de la Minera San Javier, en San Luis Potosí.
Por sí parte, la reforma Energética que significa la privatización del petróleo mexicano, estipula que PEMEX dará por ley a particulares el 58% de los pozos más productivos del país, y sólo conservará para si 42% de las reservas petroleras. Esto significa que el crudo de México terminaría por agitar de en menos de 10 años, de acuerdo a cálculos establecidos por los propios senadores.
Algunos, como el senador progresista Alejandro Encinas Rodriguez, acusó que es totalmente falso, por ello, que vayan a bajar los precios del gas LP, la gasolina y el diesel, como lo prometió Enrique Peña Nieto en su campaña a la presidencia, pues estos serán fijados por la tasas de mercado y no por la Comisión Reguladora de Energía y menos aún por el Congreso de la Unión, dijo.
Pero eso no es todo. Las leyes secundarias en materia energética avalaran el ‘fracking’, técnica de fractura hidráulica del subsuelo para la obtención de materiales bituminosos o especialmente enriquecidos que no se encuentran en las capas más altas de la tierra, sino hasta por 5 kilómetros debajo de la corteza. Este método de extracción ha sido prohibida en países como Francia y Bulgaria por los grandes riesgos a la salud humana y al medio ambiente. Sin embargo, México se encuentra muy entusiasmado con la idea de llevarlo al cabo.
Información proporcionada por el senador Encinas Rodriguez denuncia que la fractura hidráulica requiere de 9 a 29 millones de litros de agua mezclados con arena y químicos -muchos de ellos tóxicos- por cada pozo que es perforados 5 kilómetros por debajo de la tierra, lo que causa sismos, además de contaminar las fuentes de agua de poblaciones cercanas, el aire, las tierras de cultivo y requiere una ocupación territorial intensiva. También, las sustancias utilizadas afectan directamente piel, ojos, sistema respiratorio y gastrointestinal, pueden afectar al sistema nervioso, inmunológico, endócrino, cardiovascular y riñones y, finalmente, también pueden provocar cáncer y mutaciones.
“La aprobación de estas leyes tendrá innumerables impactos negativos, en términos humanos, se estima que afectará a más de 16 millones de mexicanos habitantes de 260 municipios que abarcan una extensión de 5 mil 866 ejidos, es decir, 400 mil kilómetros cuadrados de tierras que inversionistas extranjeros ya tienen en la mira, desde la Cuenca de Sabinas hasta Piedras Negras, así como 120 kilómetros cuadrados de la Cuenca de Burgos para explotar el gas y el aceite de lutitas”.
Además, de acuerdo con información del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en América Latina existen alrededor de 200 conflictos sociales ocasionados por la industria minera, 90 por ciento de ellos están relacionados con empresas canadienses.
El 75 por ciento de las mineras del mundo son canadienses y sus actividades afectan numerosos derechos reconocidos por el derecho internacional. Sin embargo, se debe enfatizar el rol de la burguesía mexicana en la protección de esas violaciones que, como en el caso de los campesinos Raymudno Flores, Miguel Solano y Samuel Vargas, se ha recurrido a la utilización de paramilitares para esconder bajo conflicto de particulares un genocidio de Estado.
Fuente: http://www.losangelespress.org/pena-nieto-matar-campesinos-y-apoyar-mineras-canadienses/