La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), presentó este jueves, ante la Mesa Nacional contra la Minería, el informe especial que representa los impactos ambientales que ocasiona la minería, en especial al proyecto “cerro blanco”, ubicado en la hermana república de Guatemala, y que afecta directamente a El Salvador.
Oscar Luna, Procurador de la PDDH, pidió al Gobierno Central impulsar acciones con Guatemala para frenar la contaminación por minería en el Río Lempa, siendo este una fuente principal de agua potable para la mayoría de habitantes de San Salvador, y que sería la más afectada, así como todos los ciudadanos que rodean el Cerro Blanco.
En tal sentido, el Procurador Luna manifestó que había sostenido reuniones con el canciller de la república, Hugo Martínez, donde habían abordado este tema; al mismo tiempo, solicitó tomar acciones diplomáticas para que ambas naciones tomen cartas en el asunto, y prevean impactos y vulneraciones que traen para los derechos humanos, y sobre todo para la salud.
Según el informe, “la contaminación de los cuerpos de agua es producida por el drenaje ácido, la sedimentación y la deposición de los metales pesados que se liberan en los procesos extractivos, en cualquier parte del mundo. Sin embargo, aunque la contaminación ambiental resultante de la extracción de minerales es un problema que tiene impactos globales, donde sea que ocurra, sean estas zonas desérticas, marítimas, boscosas, selváticas, árticas, en territorios con problemas de sobrepoblación y degradación ambiental severa, como es el caso de la República de El Salvador, las consecuencias pueden ser verdaderamente catastróficas, social, económica y ambientalmente hablando”, indica.
Por otro lado, según un estudio regional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN), se considera que el “impacto de una acción se refiere a la sumatoria de su consecuencia directa o indirecta, inmediata o postergada, de alta o baja intensidad, de amplia o restringida extensión entre otros”. Siguiendo esa línea, conforme con ese mismo estudio, cuando “la ubicación del impacto trasciende la frontera internacional entre un país y otros, se considera al impacto como transfronterizo”.
Por su parte, la mesa nacional demandó al gobierno y a instituciones pertinentes, tomar acciones concretas en beneficios de las comunidades afectadas; en ese caso, dijeron que están siempre de la mano y apoyando al procurador Luna, en los esfuerzos que él tome para detener este proyecto que afecta a la gran mayoría de comunidades a su alrededor, y a la capital salvadoreña.
Luna, subrayó que respetaba las opiniones de los funcionarios del Gobierno, pero que también debía hacer un análisis más profundo, en tal sentido que pueda estar seguro de que esto es grave “debe tratarse como un tema de país”, expresó.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos acordó convocar para la próxima semana, al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, a fin de conocer las potenciales vulneraciones a los Derechos Humanos que causaría a las y los salvadoreños el desarrollo del proyecto minero “Cerro Blanco”, ubicado en el departamento de Jutiapa, de la República de Guatemala.
De modo que no ser tratado con brevedad, ésta previsiblemente tendrá efectos nocivos en las cuencas hidrográficas compartidas con nuestro país, especialmente en la del Río Lempa, la más importante fuente hídrica de El Salvador.
Por otra parte, el Presidente de la Republica, Mauricio Funes, recalcó dos puntos importantes en este tema, el primero que hasta el momento se analiza, y que ANDA no prevé contaminación, y dos Guatemala es soberano.
En este tema existe una comisión especial que analiza la problemática, y manifestó en primer lugar que el último informe que recibió por parte del presidente de ANDA, hace apenas 24 horas, indica que no hay contaminación del lago y que por tanto no se ha contaminado la fuente de extracción de agua potable que tiene ANDA en esa zona.
“Habrá que analizar el caso, recuérdese que la contaminación no es una contaminación generada por este gobierno, sino es por una obra que ha construido el gobierno de Guatemala, en ese sentido es soberano y que por tanto tendría que establecer una negociación para ver de qué manera, en qué caso, llegue a contaminar el lago de Guija y evitar que no lo contamine, y una vez tengamos el análisis, podre decir que paso sigue.”, explicó Funes.