El Equipo de Pastoral Social de la Prelatura Esquel teniendo en cuenta que el tema de la minería sigue vigente y en virtud del Documento sobre Megaminería que elaboró el Equipo de Pastoral Social de la Diócesis de Comodoro Rivadavia, cuyo espíritu compartimos, nos expresamos en este documento.
Sea ésta también nuestra más explícita adhesión al 9º aniversario del «NO A LA MINA», que marcó un hito en nuestra historia ciudadana, con trascendencia nacional.
La Iglesia no es indiferente a las preocupaciones y angustias de los hermanos afectados por la instalación de distintos emprendimientos de megaminería, que avasallan los derechos de distintas comunidades, alteran el hábitat y el ecosistema, poniendo en riesgo la base su subsistencia centrada en la ganadería ovina y caprina, agrediendo su cultura caracterizada por el respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra».
El Equipo de Pastoral Social de Esquel, ve con preocupación las versiones que dan cuenta de la posible modificación o derogación de la Ley 5001, que reprueba la extracción metalífera a cielo abierto.
Con la renovación de las autoridades políticas a nivel provincial y las versiones recurrentes que indican un incremento de la exploración y explotación minera en la provincia, DEFINIMOS COMO UN RETROCESO LA MODIFICACION DEL MARCO REGULATORIO DE LA ACTIVIDAD MINERA, reformando una norma, que fue el fruto de la lucha de todo el pueblo de Esquel, con su histórico NO A LA MINA.
Desde entonces, enormes esfuerzos se han realizado desde distintos ámbitos de la sociedad civil y desde la Iglesia, que han movilizado y motorizado espacios de intercambio y concientización en pueblos y ciudades de la provincia, para conocimiento de las consecuencias de la actividad minera. Por lo tanto, consideramos que la reforma de dicho marco regulatorio puede constituirse en una falta de respeto a la voluntad de la mayoría de la población -que rechazó rotundamente este tipo de emprendimientos-, así como a la construcción de una democracia participativa.
Desde nuestra percepción cotidiana, consideramos que tanto el gobierno nacional como el provincial no cumplen satisfactoriamente su función de generar y exigir el cumplimiento de las normas de protección del ambiente, permitiendo la flexibilidad del marco regulatorio, usando los vacíos legales a favor de las empresas mineras en lugar de defender y proteger los derechos de la población o, peor aún, aprovechando la desgraciada coyuntura de las catástrofes naturales (sequía, cenizas) para presentar la megaminería a cielo abierto como la única salida posible.
Al mismo tiempo, tememos una fuerte manipulación de la información y de las voluntades, cada vez que se argumenta que las decisiones deberían ser tomadas departamentalmente y se propone reabrir ciertos debates populares, que ya fueron dados hace tiempo, y recordando que los pobladores de la meseta en varias ocasiones solicitaron entrevistas con las autoridades y no fueron recibidos.
Juan Pablo II nos advierte de los riesgos de considerar al planeta como una fuente de recursos económicos al decirnos «el ambiente como recurso, pone en riesgo el ambiente como casa» y reafirmando la necesidad de preservar el planeta tierra como la «casa común» de todos los seres vivientes, consideramos que, más que modificar una ley que está vigente, el estado debe velar por su cumplimiento, como también debería evaluar el costo ambiental a largo plazo de la actividad minera con respecto a actividades como la agricultura, la ganadería, la acuicultura o el turismo.
Constatamos que aparecen nuevos escenarios que aumentan la demanda de materias primas, notándose un comportamiento irresponsable de las empresas que no se rigen por estándares sociales o ambientales, y que suelen negar los efectos contaminantes de su actividad productiva, así como la imposibilidad del hombre para controlar los residuos generados por la actividad minera, a menudo con la connivencia de algunos funcionarios públicos complacientes.
Exhortamos y reclamamos al estado nacional y provincial para que promuevan políticas públicas que propicien un desarrollo integral y sustentable de toda la comunidad. Atendiendo en primera instancia la necesidad de regularizar la tenencia de la tierra mediante el acompañamiento y asesoramiento de los actuales ocupantes para orientarlos en los trámites, facilitando en forma sencilla y ágil la titulación, para hacer efectivo el derecho a la propiedad. Buscando un modelo de desarrollo alternativo y solidario que aliente a las comunidades de los pueblos originarios y a las familias minifundistas a continuar trabajando sus tierras con programas que permitan mejorar los sistemas de riego para pasturas y las majadas, promoviendo formas de asociación para lograr satisfacer los mercados que demanden sus productos.
Por otra parte, en este marco resulta prioritario considerar a la educación como un bien público que genere inclusión social y promueva el cuidado de la vida, la solidaridad, la participación y la formación en valores que, unida a claras políticas activas, genere trabajos dignas y mejor calidad de vida.
El Equipo de Pastoral Social de la Iglesia Católica de Esquel, reafirma su compromiso de defender, junto a otros actores sociales, la protección, conservación y restauración del medio ambiente para que la madre tierra continúe siendo la casa común de todos los vivientes.
Que la cercanía de las próximas fiestas Navideñas nos recuerde que Dios sigue creyendo en nosotros, camina con nosotros y funda nuestra esperanza de un mundo mejor.