Aroa de la Fuente y Francisco Cravioto | México, DF.- El 19 de febrero de 2006, una explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila, dejó sepultados a 65 trabajadores. Desde entonces, Grupo México y el Gobierno federal han impedido que se lleven a cabo las investigaciones necesarias para fincar responsabilidades por el siniestro. Los deudos de los trabajadores finados aún continúan demandando justicia.
Desafortunadamente, esta tragedia es sólo un capítulo más del historial negro de la actividad minera en México a lo largo de las dos últimas décadas. Aunque el Artículo 27 Constitucional establece que los recursos minerales pertenecen a la nación, la industria minera opera a sus anchas en el país. Las empresas mineras –dominadas por capitales extranjeros y empresarios pertenecientes al 1% más rico de México– operan con márgenes de ganancia inconmensurables, al tiempo que la población mexicana paga los costos por su actividad.
Con la entrega de 27 mil 210 títulos de concesión para la exploración y explotación minera, más de una cuarta parte del territorio nacional ha sido concesionado. Muchas de las comunidades asentadas en estos territorios lo ignoran, ya que rara vez son informadas del otorgamiento de un título minero. A lo largo del trámite de apertura de una mina, el Gobierno encuentra vacíos en la legislación para no hacer llegar información a las comunidades.
Además, la poca información que publica el Gobierno se encuentra dispersa, lo que dificulta su comprensión. Por si fuera poco, pese a la legislación internacional y nacional a la que está sujeto el Estado mexicano, no se llevan a cabo consultas a los pueblos indígenas y las comunidades campesinas sobre los proyectos.
De esta manera, los proyectos son aprobados sin informar y consultar a la población, que sufrirá en carne propia sus impactos. Aunque toda minería es dañina, especialmente grave es el caso de las minas a cielo abierto que destruyen montañas enteras –en su lugar quedan cráteres de diámetros superiores a los 400 metros– y dejan a la intemperie los metales tóxicos del subsuelo que contaminan aire, tierra, acuíferos y fuentes de agua.
Esto conlleva graves consecuencias para la salud de todos los seres vivos de la región e imposibilita la realización de actividades económicas tradicionales, como la agricultura y la ganadería. Además, para separar los metales del resto de sustancias del suelo se utiliza mercurio, cianuro u otras sustancias extremadamente tóxicas, sin que exista una estrategia efectiva para contener estos desechos que tardan miles de años en degradarse. Y por si fuera poco, una sola de estas minas utiliza anualmente más agua y electricidad que una ciudad del tamaño de Oaxaca.
Ingresos
Y mientras la actividad minera deja todos estos impactos y consume los recursos de todas y todos, su régimen fiscal es tan laxo que apenas genera ingresos para el Estado. Además del ISR e IVA que deben pagar todas las empresas en México, las mineras únicamente pagan el derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público que se cobra por el número de hectáreas concesionadas.
Es decir, en nuestro país las mineras no pagan un peso en función del valor de los minerales que extraen. Ello explica por qué, pese a que en 2011 el PIB minero se situó en 214 mil millones de pesos, los ingresos por derecho a la minería sólo supusieron 2 mil 800 millones –lo que representa el 0.15% de los ingresos totales del sector público.
Otro dato relevante en este sentido es que, aunque el PIB minero creció en casi 575% en la última década, el empleo del sector sólo lo hizo en 12 por ciento. Esta situación es posible gracias al gran vacío que existe en la regulación del sector minero en México, con la excusa de atraer la inversión en el sector y utilizarlo como motor de desarrollo. Vacío que estuvo detrás del accidente de Pasta de Conchos y que permite que, hasta hoy, las investigaciones pertinentes sobre el mismo sigan sin realizarse. A la luz de los datos presentados, cabe preguntarse cuál es el éxito de esta política.
El Pacto por México tiene entre sus compromisos expedir una nueva Ley Minera que haga de la minería una actividad socialmente responsable. Es una oportunidad única para mejorar la regulación del sector, ¿será que existe la voluntad política necesaria para ello?
Investigadores del proyecto sobre industrias extractivas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.