17 febrero 2012
Rosa Esther Beltrán
El próximo domingo se cumplen seis años de la tragedia que cubrió de luto a Coahuila: la explosión de la mina de Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, en la que fueron sepultados 65 mineros.
La muerte dejó huérfanos, viudas, hermanos y padres que todavía lloran a sus hijos muertos y exigen justicia. Es una historia antigua que se repite con periodicidad: en Coahuila los pobres, los trabajadores, están a merced de su suerte porque en la Cuenca Carbonífera de Coahuila, no hay leyes para la seguridad de la vida de los mineros.
Ese día, la desesperación de las familias se escuchó a través de las voces de las mujeres. Eran ellas, las madres, las esposas, las hermanas…, las que exigían información, aunque sabían que las esperanzas que les daban no eran ciertas; que a medida que transcurrían las horas los mineros no saldrían porque ya estaban muertos. Los grupos de rescate no avanzaban. El avance era extremadamente lento.
En los pueblos mineros de la Carbonífera anida la pobreza. Son pueblos que huelen a miseria: en Barroterán, Las Esperanzas, Aura…, están algunas de las minas que rodean a San Juan de Sabinas, las de Palaú y Sabinas; son lugares de desolación siempre iguales, las casas no cambian, el progreso no pasa por ahí.
La empresa, el sindicato y las autoridades, cuando los medios de comunicación internacionales y nacionales abandonaron la mina, cuando ya Pasta de Conchos no era la nota importante, dieron vuelta a la página, hicieron todo lo que estaba a su alcance para borrar la presencia y los reclamos de las viudas, los huérfanos, los padres y hermanos inconsolables, y la historia volvió a comenzar, en el mismo nivel de hace décadas: la omisión, la complicidad, la hipocresía de las instituciones encargadas de velar por la seguridad laboral y civil, que han sido los signos de la nulidad de su eficacia.
Un año después de la explosión, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), conformado por cinco abogados especialistas en cuestiones laborales, informó que del análisis de las inspecciones realizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a partir del año 2000 y hasta la fecha de la explosión, se evidenciaba un largo historial de negligencia interesada de Industrial Minera México, S.A. de C. V. (IMMSA), ya que las condiciones de seguridad e higiene en la Mina 8 ponían en grave riesgo la salud y la vida de los trabajadores.
Según el Informe, los inspectores de la STPS y la delegación estatal incurrieron en grave negligencia y omisión, ya que los Emplazamientos de Medidas de Seguridad tardaban hasta un año en entregarse a la empresa, y en ellos no le exigían la documentación que no presentaba cuando se realizaba la inspección, la entregaba con retraso excesivo o no lo hacía.
En cuanto a la información que la empresa debía proporcionar al IMSS, se encontraron discordancias en los informes entregados al Seguro Social y las Hojas Patronales de IMMSA, así como en la Prima de Riesgo. El IMSS omitió realizar las investigaciones de riesgos de trabajo y emitir las recomendaciones a la empresa para prevenirlos, a pesar de que su ley interna lo establece (art. 82, IMSS).
Igualmente, en las actas de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene se encontraron contradicciones que reflejan negligencia y rutina burocrática imperdonable. Para IMMSA resultaba más barato pagar multas de más de medio millón de pesos por inspección, que acatar la ley en materia de seguridad e higiene. Según testimonios de los trabajadores, no había guantes, que les son indispensables para trabajar, no se les dotaba de lámparas de emergencia, ni se les realizaban los exámenes médicos periódicos que la ley señala.
El senador Ricardo García Cervantes, vicepresidente del Senado, refrendó el año pasado su apoyo a la Familia de Pasta de Conchos, y reconoció que ese sector enfrenta serios problemas de corrupción y simulación. “Los niveles de corrupción, simulación e impunidad que prevalecen en este sector no deben ser tapabocas de quienes vemos caer, mineros, sin levantar la voz”, afirmó.
Además, estoy convencida de que los ciudadanos coahuilenses debemos oponernos, con todos los recursos a nuestro alcance a que Fernando Donato de las Fuentes, Hilda Esthela Flores Escalera (la gran Chapulina y primera Juanita coahuilense), Enrique Martínez y Morales, Jesús Mario Flores, Salomón Juan Marcos y Verónica Martínez sean postulados por el priato, a cualquier cargo de elección popular que les dé fuero contra la traición que perpetraron contra los ciudadanos coahuilenses al cambiar leyes a modo para la reestructura de la megadeuda. Señor Enrique Peña Nieto, Pedro Joaquín Crodwell, escuchen. No más ofensas.
Una cálida felicitación a Belén, Posada del Migrante, al Centro Diocesano por los Derechos Humanos y al Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, de Torreón, por el Premio MacArthur otorgado como reconocimiento a la innovación y a la creatividad. Felicitaciones y adelante.