Lucio Cuenca
Recientemente se lanzó el libro “El Mal. El modelo K y la Barrick Gold, amos y servidores en el saqueo de la Argentina”, en el que el diputado y periodista Miguel Bonasso denuncia, entre otras cosas, una negociación secreta entre los gobiernos de Chile y Argentina sobre asuntos tributarios, cuyo resultado fue un convenio especial para la tributación de Pascua Lama, que sería particularmente lesivo para la recaudación tributaria argentina.
La entrada en vigencia del Convenio implica modificar la ley de la nación Argentina, sin embargo se dio luz verde a Pascua Lama sin que hubiera modificación de ningún tipo. Las organizaciones contrarias al polémico proyecto minero por el lado chileno denunciamos estas maniobras de Barrick Gold, pero como suele pasar en nuestro país, se echó en el olvido rápidamente, al igual que el proyecto de ley de glaciares comprometido por Bachelet (en Argentina existe actualmente una ley de protección de glaciares que fue impulsada por el mismo Bonasso) y las sendas promesas de transnacional canadiense incumplidas sistemáticamente.
Es interesante la oportunidad que nos abre el diputado argentino, pues reinserta en la coyuntura la corrupción que está detrás de estos megaproyectos, corrupción que en el caso de Pascua Lama, amenaza no solo la vida, el agua y la institucionalidad ambiental vigente, sino que también la seguridad nacional y la soberanía, por ser el primer proyecto en el mundo emplazado en la antes intocable zona de frontera, que cuenta con el irrestricto respaldo institucional y la oposición de ambas ciudadanías… fácilmente podría darse un nuevo “luchettinazo” y encontrarnos con Estados que asumen el interés de una empresa como interés propio y someten a todo el país en una controversia para total beneficio privado.
La negociación que Bonasso denuncia como secreta, lo fue para las comunidades, de hecho, durante los más de tres años que duró la discusión se respondió a las organizaciones que queríamos conocer los términos de la misma, que por seguridad no se podía dar ningún antecedente hasta que finalizara el proceso; sin embargo, la empresa fue un participante activo de las reuniones durante los tres años.
Más interesante aún, es cómo se resolvió el asunto, pues era evidente para los organismos técnicos de ambos países que los intereses públicos se estaban viendo lesionados en beneficio del interés privado, lo que extendía los plazos y constituía un pendiente insoslayable para dar inicio a la construcción del proyecto, ya retrasada más de 10 años por la resistencia comunitaria. Entonces, luego de sorpresivas visitas privadas de los altos ejecutivos de Barrick a Cristina de Kirchner y Michelle Bachellet, se anunció en menos de una semana, la firma del acuerdo tributario especial para Pascua Lama, tras lo cual, en una operación comunicacional simultanea entre Toronto, Buenos Aires y Santiago, la empresa junto a los gobiernos en conferencia de prensa, anunciaron luz verde al inicio del proyecto.
Las organizaciones volvimos a pedir los antecedentes del convenio, y luego de muchas gestiones y llamados telefónicos conseguimos copia del acuerdo: para el caso chileno, se mantenían las regalías y facilidades que ya tienen las mineras, pero para el argentino, lo suscrito motivó la renuncia de los funcionarios a cargo de las conversaciones y se exigía una modificación a la legislación tributaria nacional, de la que nada se conoce hasta la fecha.
Si por el lado chileno, la destrucción de glaciares, el probado engaño al Sistema de Evaluación Ambiental, las obras de mitigación no construidas, la denuncia tramitada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el estado por la comunidad diaguita, las irregularidades laborales, etc, no han sido suficientes para encender la alerta y paralizar las faenas hasta que se resuelvan las irregularidades, esperamos que desde Argentina, Bonasso, en razón de su denuncia, exija la nulidad de este convenio tributario y con ello, se ordene la paralización de parte de ambos gobiernos del proyecto binacional Pascua Lama.
Asimismo, creemos que urge que el ministro de hacienda, Felipe Larraín, como autoridad competente del Tratado de Doble Tributación Chile – Argentina, se pronuncie sobre las graves acusaciones realizadas por el diputado Bonasso y curse las sanciones administrativas que correspondan.
Lucio Cuenca B.
Director, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales-OLCA