Narayan Vila
Las agrupaciones afirman que la intervención de la nueva justicia ambiental es la evidencia que las faenas deben cerrar de forma definitiva, pero por otra, son escépticos del comportamiento de esta institucionalidad.
El primer día de este mes ingresó al Tribunal Ambiental de Antofagasta la causa rol 1-2013, recurso interpuesto por la empresa minera Nevada SPA, filial de la compañía aurífera Barrick.
El recurso es la respuesta a los cargos formulados contra la firma por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, debido a incumplimientos establecidos en la Resolución de Impacto Ambiental, RCA, obtenida en 2006.
Esto, debido a la destrucción de un bofedal y la contaminación de las aguas del río El Estrecho, producto de aludes registrados en enero que se originaron a raíz de obras mal construidas.
Aprovechando la nueva normativa, que define atenuantes, Minera Nevada SPA se auto denunció ante la Superintendencia, esperando sanciones menores. Sin embargo, el órgano fiscalizador ratificó la formulación de cargos por los hechos ya mencionados.
Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, señaló que estos hechos demuestran que Pascua Lama debe cerrar de manera definitiva, ya que la protección de los glaciares, condición para el otorgamiento de la RCA, no se está cumpliendo.
“En esta zona no es compatible la realización de este proyecto con las condiciones climáticas, geográficas, de altura y de los ecosistemas existentes, lo que se está demostrando con los hechos. Por lo tanto, lo que corresponde acá es que la autoridad ambiental, haciendo uso de las facultades que tiene, revoque la resolución de calificación ambiental puesto que la empresa no tiene voluntad ni tiene capacidad para cumplir con las condiciones que se le pusieron para la realización de este proyecto”.
Esta incapacidad a la que alude Cuenca, tiene su sustento en la gran cantidad de imputaciones que han llegado a las oficinas de Minera Nevada.
Diversas sanciones que se han efectuado hace años y por diversas entidades, como la Seremi de Transportes, de Minería, la Dirección General de Aguas y el Sernageomin, que en octubre de 2012 decretó la suspensión de las faenas, por poluciones dañinas para los trabajadores. Detención que se mantiene hasta hoy.
Según Lucio Cuenca, otro tema es el carácter y funcionamiento que puedan llegar a tener los Tribunales Ambientales.
Al respecto, Cuenca sostuvo hay que considerar que no son tribunales de justicia, sino que, a su juicio, juzgados contenciosos administrativos, los que incluso, añadió, “pueden facilitar la tramitación de proyectos mineros o energéticos dañinos para el medioambiente”.
En este sentido, el especialista explicó que “se le dio una puerta más de salida a las reclamaciones que puedan hacer fundamentalmente las empresas, o sea, cuando las empresas no están de acuerdo con una sanción, tienen ahora una nueva instancia donde ir a reclamar, y por lo tanto postergar la implementación de una multa o de una medida correctiva que pueda tomar la institucionalidad ambiental. No son tribunales donde se vaya a procesar a empresas o a empresarios inescrupulosos que pudieran estar cometiendo delitos ambientales”.
Una opinión similar tuvo Mauricio Ríos, vocero del Consejo de Defensa del Valle del Huasco, quien mira con escepticismo esta nueva institucionalidad: “una de las cosas que nos preocupa de verdad es que si este nuevo Tribunal Ambiental va a mirar esto hacia atrás o se va a hacer cargo de lo de ahora. Porque si es así, va a pasar las denuncias que hicimos en enero, y todo el historial para atrás no va a estar. Ésta es la gran pregunta, porque este proyecto tiene muchas observaciones hace mucho rato, y por lo que vengo viendo el nuevo tribunal no está considerando las denuncias anteriores, lo que puede generarnos un traspié. Por eso es que somos escépticos a esperar un resultado”.
Por su parte, la empresa minera Nevada SPA indicó que no se referirá al tema mientras no se pronuncien los Tribunales Ambientales.