Demandantes estiman que la multa de 8.000 millones a la compañía canadiense es insuficiente.
Además, acusan a la empresa de «robo y usurpación de agua en la alta cordillera».
El proyecto Pascua Lama deberá enfrentar una nueva acción judicial.
Los agricultores del valle del Huasco interpusieron un recurso de reclamación en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente por la multa que ésta aplicó hace algunas semanas a Barrick Gold, por la construcción del proyecto Pascua Lama.
Los demandantes insisten en que la multa de 8.000 millones de pesos impuesta a la empresa canadiense es insuficiente y solicitan que se le revoque de manera definitiva la Resolución de Calificación Ambiental.
El abogado patrocinante de la causa, Álvaro Toro, afirmó que «hay una falta de investigación por la contaminación de las aguas que afectaron gravemente a los agricultores en los meses de verano en la zona y también hay una falta de investigación por los impactos que ha tenido sobre los glaciares el proyecto minero».
«Si a todo lo que se ha investigado, que todos han reconocido que es muy grave, gravísimo, si agregamos estos dos nuevos antecedentes, creemos que el Tribunal Ambiental va a determinar él mismo o a ordenar a la Superintendencia que haga una nueva investigación para sancionar con esta clausura que estamos pidiendo», agregó el abogado Toro.
En tanto, el vocero de los agricultores del valle de El Tránsito, en la provincia de Huasco, Pablo Herrera, denunció que «nos hemos visto afectados desde un inicio. Han mentido en todos sus procesos».
«En segundo lugar, nosotros estamos hoy día afectados por el tema de robo y usurpación de agua en la alta cordillera. Tenemos problemas de producción en el valle por los problemas que se han producido en la alta cordillera y todos los problemas que hemos tenido con los glaciares y con todo el tema de desarrollo del valle como sector agrícola», añadió Herrera.
En este reclamo, los agricultores son apoyados por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), entidad que lideró las causas judiciales contra los proyectos de Central Castilla y Punta Alcalde.