Pobladores de Tetela de Ocampo realizaron una marcha conmemorativa al primer aniversario de la primera manifestación pública en contra de la instalación de la minera
Las bancadas del PRI, PT y Movimiento Ciudadano se sumaron al punto de acuerdo que prepara la diputada federal del PRD Roxana Luna Porquillo, para exhortar al gobierno federal a organizar la consulta indígena que se llevará a cabo en el municipio poblano de Tetela de Ocampo, de la cual depende el proyecto minero del magnate Carlos Slim.
En el documento, cuya copia se encuentra en poder de La Jornada de Oriente, los legisladores reprueban la decisión que tomó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de ceder a la compañía Minera Espejeras la responsabilidad de llevar a cabo la consulta, ya que ésta pertenece al empresario interesado en explotar los recursos naturales de la zona.
Como parte del proceso de atención de la problemática de los pueblos indígenas de la Sierra Norte de Puebla, en el exhorto también se retoma un punto de acuerdo que aprobó la Cámara de Diputados el 6 de febrero pasado para convocar al gobierno de Puebla y a la administración federal a instalar una mesa de diálogo en el municipio de Olintla, con el fin de resolver el conflicto social que se registra por la construcción de una hidroeléctrica, ya que hasta el momento no ha sido atendido por las autoridades.
En entrevista, Roxana Luna confió en la aprobación del punto de acuerdo en las próximas semanas, ante el consenso que ha generado dentro de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, donde el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) también se ha pronunciado en contra del actuar de las instancias de gobierno en el tema.
La lógica de la Semarnat
El exhorto que impulsa Roxana Luna contraviene el resolutivo que tomó la Semarnat el 3 de octubre pasado a favor del proyecto de exploración de Minera Espejeras, a través del cual esa firma del Grupo Carso recibió autorización para buscar oro durante dos años en el cerro Espejeras de Tetela de Ocampo.
La dependencia federal condicionó el permiso señalando que los trabajos de exploración podrán efectuarse sólo si los habitantes de ese municipio de la Sierra Norte de Puebla autorizan el proyecto, por lo que la empresa deberá presentar un acta en el que se haga constar el consentimiento previo de las comunidades.
Bajo la lógica de la Semarnat, Minera Espejeras tendrá que realizar asambleas comunitarias para dar a conocer los alcances del proyecto, después de lo cual convocará a una consulta en la que los pobladores determinarán si avalan o no la extracción de minerales.
“Toda consulta indígena es preparada por el gobierno en coordinación con los pueblos indígenas; no por empresas privadas interesadas en la explotación de los recursos naturales de la nación”, se señala en el proyecto de punto de acuerdo que está bajo el análisis de la Cámara de Diputados.
Dentro del escrito se acusa que la determinación del gobierno federal de conceder los permisos de exploración y extracción violentó la legislación nacional e internacional sobre derechos de los pueblos indígenas.
En el documento se instruye a la Semarnat a corregir su resolutivo para apegarlo al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “con objeto de garantizar el reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas asentados en la Sierra Norte”.
Ya que el gobierno es el principal responsable de las consultas indígenas, se incorpora en el llamado a la Secretaría de Gobierno, a través de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, para que coadyuve con la Semarnat en el caso, procesando la problemática de los pueblos indígenas.