Exigieron una nueva Ley Minera que garantice el respeto a la Constitución y los tratados internacionales
México, DF.- Organizaciones poblanas y nacionales en resistencia a la megaminería tóxica pidieron al Senado de la República se promulgue una nueva Ley Minera que garantice el respeto a la Constitución y los tratados internacionales, para recuperar la soberanía nacional y popular y proteger el derecho al futuro de las comunidades.
Durante el mitin con el que conmemoraron el Día Internacional Contra las Actividades de las Grandes Transnacionales Extractivas, manifestaron que son impostergables los cambios a la legislación que las considera como preferenciales, debido a que viola el artículo 1 constitucional que obliga al Estado al respeto y protección de los Derechos Humanos y de la naturaleza por sobre cualquier otra cosa.
Las organizaciones y personalidades convocantes, entre las que estuvieron Tetela Hacia el Futuro, el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, el Movimiento de Pueblos de Morelos, definieron 14 cambios sustanciales que debe contener la normatividad, como la obligación de la Secretaría de Economía de verificar que los proyectos extractivos cuenten con una “licencia social” antes de otorgar la concesión de los recursos naturales.
La licencia social no es otra cosa que la aprobación de los pueblos, sean indígenas o no, de la realización de actividades mineras, que deberá obtenerse a través de una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, cuyo resultado deberá ser obligatorio para las autoridades.
Pidieron que se establezca un capítulo sobre derechos de las poblaciones indígenas al goce preferencial del territorio y sus recursos naturales, frente a las actividades mineras, así como la definición de las regiones donde no puede entregarse concesiones, como las áreas naturales protegidas y equivalentes, monumentos históricos y las definidas como estratégicas para la economía o cultura de los pueblos, entre otras.
La propuesta legislativa, indicaron, debe comprender la prohibición de entregar concesiones para “proyectos de explotación por tajo a cielo abierto, por tumbe y relleno, en pocitos de carbón, en actividades de beneficio que utilicen cianuro de sodio, mercurio u otras sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente, para minería submarina o solicitantes con antecedentes de violación de Derechos Humanos o falta de responsabilidad ambiental, laboral o social en el país o el extranjero, entre otras”.
Los representantes de las organizaciones y pueblos que se oponen a las actividades de la migaminería pidieron que se anulen las cláusulas de confidencialidad que “ocultan la información que deben entregar las empresas mineras al Estado”.
Además reclamaron acceso y transparencia en la información, y se establezca la obligación de la Secretaría de Economía entregarla a las comunidades donde operan las mineras; así como el establecimiento de procedimientos de inspección en los que participen los pobladores afectados, estableciendo sanciones a los concesionarios que incumplan los términos de las concesiones.
Pidieron que se introduzca el cobro de regalías para la minería tasadas por el valor del volumen de minerales producidos a boca de mina -no sobre los ingresos reportados por las empresas- con regímenes diferenciados para minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería.