16 de Septiembre de 2011
Las modificaciones al código minero sancionadas cambian el cálculo del canon que cobra el Estado, que pasará a ser el 5% del total de las exportaciones de minerales metálicos. La aprobación llega en medio de la polémica instalada en el país que incluyeron varias manifestaciones en contra de la posible instalación de la minera Aratirí -filial local del grupo Zamin Ferrous- con un proyecto de explotación a cielo abierto para extraer hierro.
Los cambios al código minero actual, vigente en el país desde 1982, se aprobaron la noche del miércoles en la Cámara de Diputados con los votos del partido de gobierno Frente Amplio (FA) y el pequeño Partido Independiente (PI), pese a la negativa de los partidos de centroderecha opositora.
«Hay un avance importante con respecto al canon, un cambio en la metodología ya que antes se deducía el 5% de lo exportado menos la deducción de costos que hacían las empresas, ahora se sacará el 5% del total de la producción exportada», dijo Carballo.
Las modificaciones prevén que un 3% del canon quede en manos del Estado, mientras que el restante 2% pase al dueño de la tierra, distribución inversa a la que marcaba la anterior legislación.
En los minerales no metálicos será de un 5% en los primeros cinco años de explotación, para luego pasar a un 8%.
La aprobación llega en medio de la polémica instalada en el país por la posible instalación de la minera Aratirí -filial local del grupo Zamin Ferrous- con un proyecto de explotación a cielo abierto que pretende extraer hierro.
El gobierno que lidera el presidente José Mujica aún no autorizó el proyecto que implicaría una inversión de unos 2.500 millones de dólares, la mayor en la historia del pequeño país sudamericano.
La nueva metodología pretende mejorar «la claridad de los procedimientos y el control de los mismos», según Carballo, que descartó que las modificaciones afecten la inversión en el sector.
Otra variable es exigir a las empresas que oferten al Estado el 15% de la producción, dejando en manos del gobierno de turno la decisión de hacer o no uso de la misma.
Con esta medida se pretenden generar las condiciones para que en el futuro se desarrolle la industria siderúrgica en el país, que basa su economía en las exportaciones agropecuarias y el turismo.
A su vez, los plazos de prospección, primer paso dentro de la explotación minera, serán ampliados hasta un máximo de 36 meses, que se podrá extender hasta por 36 meses más en períodos de hasta doce meses. Antes de las modificaciones se preveía un plazo de prospección de 12 meses, renovable en periodos iguales.
La extensión de los controles ambientales mediante el seguimiento del desarrollo de las minas y sus cierres, y el pedido a las empresas de un proyecto detallado con los impactos que la producción minera pueda generar, son otras de las modificaciones a la legislación.
Tras su aprobación, el código pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.