El texto prevé impuestos sobre los emprendimientos que facturen más de US$100 millones que dejarán al Estado cerca del 50% de sus ganancias, adicionales al canon y tributos que ya regían.
El Parlamento de Uruguay convirtió en ley un proyecto que habilita la megaminería en ese país y fija impuestos de hasta 50% a las ganancias de los emprendimientos.
La nueva normativa fue celebrada por el presidente José Mujica y resistida por la oposición y grupos ecologistas, que temen que la actividad minera perjudique al medio ambiente.
Más allá de su carácter general, la aprobación de la norma se aceleró por la inversión de la minera internacional Zamin Ferrous que busca extraer grandes yacimientos de hierro a cielo abierto en el centro del país.
La Ley
El texto prevé impuestos sobre los emprendimientos que facturen más de US$100 millones que dejarán al Estado cerca del 50% de sus ganancias, adicionales al canon y tributos que ya regían.
También incluye un fondo soberano que administrará las ganancias para las próximas generaciones y que se inspira en el modelo noruego sobre el petróleo.
Promueve, además, la generación de cadenas de valor y un fuerte eje de sustentabilidad ambiental.
El impuesto a las ganancias puede llegar al 60% en caso que suban los precios internacionales.
El ministro de Minería, Roberto Kreimerman, había aclarado tiempo atrás que «Uruguay no va a ser un país minero sino un país con minería», porque «por el mapa geológico, es un país que puede tener tres, cuatro o a lo sumo cinco exploraciones de este tipo». No obstante, puntualizó que pueden ser «una fuente de riqueza importante».
De acuerdo con estimaciones de Aratirí, la filial local de Zamin Ferrous, el subsuelo uruguayo tiene yacimientos de hierro de 2.500 millones de toneladas que podrían colocar al país como el octavo productor mundial del mineral.