La Cámara Minera de México (Camimex) calificó de totalmente parcial, no incluyente, radical y protectora de un solo sector de la población, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la actividad minera en dicha zona, que abarca los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas.
En un desplegado publicado en medios de comunicación, la Camimex afirma que la actividad minera en la región Wirikuta tiene como objetivo fomentar el desarrollo en la región, donde existen miles de personas viviendo en la pobreza extrema, y donde se han creado fuentes de trabajo de largo plazo, con salarios superiores 35% de la media nacional.
Advierte que con la recomendación de la CNDH, los municipios de la región “sufrirán una afectación inimaginable”, porque al negarse la actividad minera se violentará su desarrollo sustentable, el de sus habitantes y de las regiones donde la Camimex tiene operaciones.
Recordó que la actividad minera es el cuarto sector productivo del país y el que mayor inversión atrae a México, al sumar 17,558 millones de dólares entre 2007 y 2011. Además es una industria altamente regulada por la legislación ambiental.
En septiembre pasado, la CDHN emitió la recomendación 56/2012 en la que exhortar a instancias de los tres niveles de gobierno a iniciar acciones para restituir sus derechos humanos a la población wixárika, en el caso de la explotación minera en Wirikuta, donde la Comisión ratificó la existencia de agravios ambientales.
La CNDH dijo que su recomendación estaba basada en los informes a diversas autoridades federales, estatales y municipales, en las cuales se detectó la falta de cumplimiento de normas en materia minera, ambiental y de aguas nacionales, a través de actos de inspección, vigilancia, verificación y monitoreo.
En la recomendación 56/2012 advirtió que en el polígono del área natural protegida de Wirikuta existen 68 lotes mineros y a la fecha se tramitan cuatro nuevas solicitudes de concesión, con lo que se arriesga la integridad medio ambiental de la zona y se violan los derechos colectivos inherentes al pueblo indígena, además de que tales concesiones, no habían sido en beneficio de los 192,254 habitantes de los municipios que integran Wirikuta, así como de la comunidad wixárika.