Crédito: Cortesía Fedepaz
LIMA, nov (Tierramérica) – Algo más de 11 por ciento del subsuelo
peruano está distribuido en concesiones mineras. En la superficie
puede haber páramos, nacientes de cuencas y hasta áreas naturales
protegidas. Los mapas de concesiones mineras y de ecosistemas frágiles se
superponen en este país de grandes riquezas minerales. Organizaciones
ecologistas reclaman que el Estado establezca zonas de exclusión para
la minería mediante un ordenamiento territorial.
Entre 2006 y 2009 casi se duplicó la superficie con derechos mineros,
de 11,6 millones de hectáreas a cerca de 20 millones.
Como resultado, más de 40 por ciento de los páramos de la región
norteña de Piura fueron entregados a proyectos mineros, según el
estatal Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y el no
gubernamental Instituto de Montaña. Los páramos, verdaderas esponjas
naturales, y los bosques de neblinas de los Andes, situados ambos
entre los 1.500 y los 2.500 metros sobre el nivel del mar, son
importantes fuentes de agua para las áreas áridas de Piura.
En la estación seca, el páramo drena el agua lentamente y así mantiene
la vida del valle, cumpliendo un papel rol regulador del ciclo
hidrológico y abasteciendo la actividad agrícola. El cultivo de limón
y de mango para exportación genera por año en Piura más de 1,5
millones de jornales directos.
El 11,62 por ciento del subsuelo concesionado representa 14,89
millones de hectáreas, indican cifras de Ingemmet publicadas en mayo.
De momento, se explota apenas 0,69 por ciento de esa superficie y 0,63
por ciento se encuentra en exploración.
Sin embargo, ya existen denuncias de contaminación de agua y disputas
por el territorio.
«Si con la explotación de una pequeña, ya tenemos estos graves
conflictos sociales en zonas mineras, ¿qué sucederá con el resto de
las concesiones? Esto no se puede dejar en manos de los sectores
privados, el Estado tiene que intervenir para ordenar el territorio»,
dijo a Tierramérica la arquitecta Rommy Torres, del no gubernamental
Foro Ciudades para la Vida.
En este país, más de 60 por ciento de los conflictos sociales obedecen
a problemas socioambientales, señala la Defensoría del Pueblo.
En Piura, los problemas giran en torno de Zijin Consortium, de
capitales chinos, que explora el proyecto cuprífero Río Blanco.
Alrededor del área a explotar hay páramos y los ríos Quiroz y
Chinchipe, que alimentan a Piura y Cajamarca.
A pedido de Muqui – Red de Propuesta y Acción, una plataforma de una
veintena de instituciones que acompañan a las comunidades en la
defensa de sus derechos, el Foro Ciudades para la Vida está elaborando
una propuesta de ordenamiento territorial.
La iniciativa propone integrar las políticas de ordenamiento local,
regional y central, evitar que las decisiones se tomen aisladas y que
las áreas de gobierno involucradas –como las carteras de Ambiente y
Agricultura– establezcan criterios básicos para determinar qué
actividades económicas son posibles en cada territorio.
El Poder Ejecutivo también está elaborando un proyecto de ordenamiento
territorial, que prevé contemplar las opiniones de la sociedad civil.
La red Muqui propone que se cree un viceministerio con facultades para
su implementación.
¿Qué recursos naturales se deben conservar? Para Torres la respuesta
es clara: glaciares, cabeceras de cuenca, ríos, áreas protegidas,
zonas con riesgo de desastre, ecosistemas amazónicos frágiles y
tierras de alto valor agroecológico.
La mayoría de las áreas naturales protegidas no cuentan con un plan
maestro que identifique las actividades económicas posibles en ellas.
El Tribunal Constitucional estableció en 2007 la necesidad de esos
planes para determinar la compatibilidad de la exploración y la
explotación con la conservación.
«La idea no es eliminar la minería, sino romper el esquema sectorial
productivo para ver la gestión del territorio de forma transectorial»,
explicó a Tierramérica el economista de la no gubernamental
CooperAcción, José de Echave.
Sólo las regiones San Martín y Amazonas, en el norte, y Cusco, en el
sur, establecieron una zonificación económica ecológica, paso previo
al ordenamiento del territorio.
«El gobierno central prefiere el desorden para seguir entregando las
concesiones a ojos cerrados. Lo otro significa empezar de cero y para
eso no hay voluntad», dijo a Tierramérica el alcalde del distrito de
San Ignacio, Carlos Martínez, en el noroccidental departamento de
Cajamarca.
«Tampoco hay voluntad en algunos gobiernos regionales, a pesar de que
ya se les ha transferido parte de estas funciones», agregó.
En Argentina se adoptó este año una ley para proteger los glaciares de
la minería, en Costa Rica se sanciona el uso del cianuro y en Ecuador
se intenta obtener un fondo internacional para mantener inexplorado el
crudo de la zona amazónica de Yasuní, señalan los especialistas.
Tres años atrás, el opositor Partido Nacionalista Peruano presentó un
proyecto para declarar de necesidad pública los páramos y bosques de
neblina, pero faltan votos para convertirlo en ley.
Cuando se institucionalice el ordenamiento territorial, se «debe
garantizar el acceso a la información de las comunidades y la consulta
previa», dijo a Tierramérica el líder comunero de la sierra de Piura,
Magdiel Carrión, presidente de la Confederación Nacional de
Comunidades del Perú Afectadas por la Minería.
«Lo que sucede en las partes altas tendrá impacto en las partes bajas
del valle. Por esto todos debemos ser consultados sobre el tipo de
desarrollo que queremos», concluyó.
* Este artículo fue publicado originalmente el 27 de noviembre por la
red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
(FIN/2010)
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96988