Para que se constituya la comisión especial para investigación de la situación laboral en las minas de carbón de Coahuila
Después de conocer los reveladores datos expuestos por la Senadora Dolores Padierna Luna en su propuesta de crear una Comisión Especial en el Senado de la República que investigue la situación que guardan las minas de carbón de Coahuila, es que existe una urgente necesidad de enfrentar la problemática que vive esa industria en el país.
Pobreza, inseguridad, insalubridad, crimen organizado, corrupción, por una parte y, por la otra, falta de eficiencia gubernamental para hacer cumplir la normatividad correspondiente, son sustancialmente los calificativos y las condiciones que pueden atribuirse a la industria minera de México.
Además, el incumplimiento de las normas aplicables al ramo de la minería por parte de las empresas, así como la falta de exigencia gubernamental para que eso suceda, han propiciado que las ganancias sean siempre a cuenta y riesgo de los trabajadores; lo que seguirá ocurriendo si no nos ocupamos de manera inmediata de este asunto.
Estamos hablando no sólo de vidas humanas (que se han perdido muchas), sino de efectos sociales, económicos y de salud, deplorables, lamentables, que tienen décadas lastimando a los trabajadores de un sector que representa el 2.4 por ciento de la producción minera mundial, lo que hace a México ocupar en materia de producción minera, el Noveno lugar mundial y el Cuarto lugar en Latinoamérica, según información del Instituto Tecnológico Autónomo de México, como ya lo expresó la Senadora Padierna.
Podríamos citar datos y más datos de instituciones oficiales, de instituciones educativas y otros organismos nacionales e internacionales, como los de la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, en donde se precisan que nuestros mineros reciben el salario más bajo en comparación con los demás países que tiene esta actividad, con excepción de los del Perú.
Además, en algunos indicadores internacionales sobre la minería, nuestro país deja mucho que desear, sobre todo en rubros como los de: procesos legales equitativos, acuerdos socioeconómicos para el desarrollo de la comunidad minera, seguridad social y riesgos de trabajo, protección de la salud de los trabajadores y sus familias y, el del cumplimiento de los contratos de trabajo por parte de las empresas.
Como se dice popularmente: “Para muestra basta un botón”; ejemplificaré mi comentario haciendo referencia al reporte de uno de los siniestros investigados el año pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, correspondiente a la empresa denominada BINSA, mina carbonera en Coahuila, que entre otras dice: “Esta mina sufrió una explosión el 3 de mayo de 2011 y en ella fallecieron 14 trabajadores y uno -menor de edad- fue lesionado. De estos 14 trabajadores, únicamente 8 se encontraban registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social». En el informe respectivo, es evidente la deficiente coordinación que existe entre las autoridades competentes en materia minera, así como las carencias en el cumplimiento de sus obligaciones por parte de la empresa.
Imagínense ahora el tamaño del problema si entramos al análisis de todos y cada uno de los aspectos que se tienen que revisar en este tema de la minería en México.
Es por lo tanto urgente, que nos ocupemos de manera inmediata, de obtener un diagnóstico sobre las condiciones de “irregularidad” en que se lleva a cabo la actividad de la minería en México, que a diferencia de la “minería ilegal”, aquella se desarrolla bajo una Concesión pero sin cumplir con el régimen obligatorio, sobre todo en materia laboral.
Tema aparte merece esa “minería ilegal” en el país que acabo de mencionar; aquella que está vinculada con el crimen organizado e incluso con el narcotráfico, según recientes declaraciones del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.
Debemos pensar, que si en las empresas que tienen concesiones el incumplimiento de las normas laborales es evidente, las condiciones de la minería clandestina son desde luego, altamente insalubres y riesgosas para quienes la llevan a cabo, por carecer de las más elementales normas de seguridad.
Por lo tanto, debemos crear una Comisión Especial desde el Senado, que investigue de manera integral la situación que guardan las minas de carbón del estado de Coahuila y de toda actividad de la minería en México, y agregaría, para que:
-Previo diagnóstico que se obtenga, nos dé la posibilidad de hacer las adecuaciones necesarias a la legislación existente para mejorar de manera sustancial las condiciones laborales de los trabajadores que se dedican a esta actividad;
-De los estudios e investigaciones que se realicen, se nutran las autoridades respectivas para generar políticas públicas que les posibiliten ser más eficientes en su trabajo de hacer cumplir la normatividad aplicable;
-Se mejoren los procedimientos de vigilancia y sancionatorios, para quienes no cumplan con la leyes correspondientes y,
– Se generen las condiciones necesarias tendientes a la erradicación de la minería ilegal en el país.
Este es un problema tan grande como muchos otros que tiene el país; no debemos dejarlo crecer más y actuemos en consecuencia; es importante que todos los senadores apoyemos la propuesta de nuestra compañera Dolores Padierna, por ser muchas las causas y las razones que la justifican.
SENADORA POR EL ESTADO DE TLAXCALA