Una protesta de las comunidades de los corregimientos Palmarito y Banco de Arena dejó en evidencia el grave problema que afrontan los habitantes por el impacto de la minería legal e ilegal, en esas localidades de la zona rural de Cúcuta.
A la fecha, siete veredas están sin agua y en riesgo de desplazamiento como víctimas de un problema ambiental de este tipo.
La Alcaldía, Corponor y la Procuraduría se comprometieron a inspeccionar, hoy, el área afectada, mientras la Mapp-OEA, la Defensoría del Pueblo y la Personería actuarán como garantes.
Fuente:https://www.laopinion.com.co/sites/default/files/pdf/primera_-_miercoles-1_17.pdf