Cooperaccion 01/03/2024
El COREPER, órgano del Consejo Europeo compuesto por los jefes o jefes adjuntos de las delegaciones de los Estados miembros ante la Unión Europea, rechazó el texto final de compromiso sobre la debida diligencia de las empresas, presentado por la Comisión Europea en febrero de 2022, por la falta de la mayoría cualificada necesaria a su aprobación.
El bloqueo es imputable principalmente a los Estados miembros más grandes. Alemania anunció previamente su abstención en esta votación clave, debido a la oposición del socio minoritario de la coalición gobernante alemana, el FDP, frente a la cual el canciller Scholz mostró una débil resistencia. Ello influyó en la decisión de países como Italia y Francia, que también decidieron abstenerse. El intento de Francia de obstaculizar las negociaciones proponiendo, en el último minuto, multiplicar por diez el umbral dimensional de las empresas, aumentó la incertidumbre para otros Estados. Además de Italia, Alemania y Francia, Bulgaria, la República Checa, Estonia, Finlandia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta y Eslovaquia también declararon su intención de abstenerse, mientras que Suecia tenía previsto votar en contra.
“Este fracaso en la aprobación de la normativa de debida diligencia muestra con transparencia todo el poder empresarial y la forma en que han capturado Estados, así como deja visible toda la impunidad de las empresas frente a la permanente vulneración de los derechos humanos de los pueblos indígenas, trabajadores, defensores ambientales, usuarios y consumidores”, señaló al respecto Abel Gilvonio, director ejecutivo de CooperAcción.
Según la declaración[1] de la European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) y 140 ONG, “estos juegos políticos desafían claramente el respaldo de los gobiernos, los sindicatos, la sociedad civil, las grandes, medianas y pequeñas empresas y los ciudadanos a la directiva”, elemento clave para obtener la colaboración necesaria para aumentar la responsabilidad de las empresas por sus impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. De hecho, por medio de la directiva, las empresas infractoras podrían ser sancionadas por las autoridades nacionales de supervisión y se prestaría asistencia financiera y jurídica a las víctimas por la presentación de reclamaciones contra las empresas. La norma europea es la propuesta más ambiciosa para un marco legal vinculante para los negocios transnacionales, puesto que puede aplicarse a todos los agentes que intervienen antes y después en el proceso de producción. Sin embargo, cabe señalar que la propuesta también tiene algunos vacíos inquietantes, entre ellos que excluye temporalmente el sector financiero en el ámbito de aplicación de la directiva o el poco ambicioso límite del calentamiento global puesto al 1.5°C.
Para Uku Lilleväli, oficial de finanzas sustentables de la oficina europea de WWF, «es escandaloso que, en el siglo XXI, algunos legisladores europeos quieran permitir que las empresas ignoren los derechos humanos y la integridad medioambiental, todo con el pretexto de obtener beneficios a corto plazo […], por esto es crucial que los Estados miembros y la Presidencia belga vuelvan a debatir la posición y garanticen la aprobación en el Consejo lo antes posible, sin descarrilar de los acuerdos ya alcanzados en un proceso democrático de años«.
[1] https://twitter.com/ECCJorg/status/1762804782048129310
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