Ni acuerdo histórico, ni antes ni después, ni nuevas fórmulas… el memorándum de intercambio de información propuesto por Barrick Gold y suscrito por la directiva de algunas comunidades diaguitas, de manera poco transparente y sin consulta debida a las bases, es una remozada versión de las más viejas prácticas de las transnacionales en nuestro territorio: siembra dependencia para cosechar servilismo.

¿Cómo se siembra la dependencia? Mediante acuerdos, tratados, protocolos, memorándum -llámenle cómo quieran- que se publicitan como de mutua conveniencia, pero que llevan implícito un “rayado de cancha” a la medida del proponente.

La gigante minera Barrick quiere resolver los problemas que afectan a su polémico proyecto aurífero Pascua Lama, lo que da una señal de su intención de seguir adelante con la iniciativa, dijo la ministra de minería, Aurora Williams, en una entrevista con la agencia Reuters.

Representantes de la minera canadiense se reunieron recientemente con la funcionaria para conversar sobre la iniciativa paralizada judicialmente y que ya ha costado más de US$5.000 millones.

«Nos han manifestado el interés de resolver los problemas y de efectivamente realizar un trabajo comunitario (…). Lo que entiendo es que hay un interés de que efectivamente el proyecto continúe», señaló Williams.

La convicción sigue inamovible tras 13 años de resistencia y daño del Mega proyecto minero Pascua Lama de la transnacional Barrick Gold.

En el último año (2013/2014), se han concretado una serie de acciones judiciales, resultado de una estrategia comunitaria de organizaciones y habitantes, que decidieron emprender en este último tiempo gestiones como demandas, denuncias, reclamaciones y fiscalizaciones en la nueva institucionalidad ambiental chilena.

En este artículo se describe parte de lo realizado por la comunidad organizada en la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el 2° Tribunal Ambiental y la Comisión Investigadora de Diputados, actividades que buscan exigir el fin de la resolución de Calificación Ambiental del proyecto Pascua Lama, el cierre definitivo de la minera y que en adelante se prohíba las empresas extractivistas en las nacientes de la cuenca; protegiendo y resguardando  estas esenciales reservas y reguladores del agua del Valle del Huasco.

Tras el logro comunitario en la cámara de diputados en donde se rechazó el informe de la comisión investigadora de Pascua Lama, porque no era concluyente en exigir la Revocación de la Resolución de Calificación Ambiental y el cierre definitivo del proyecto. Continúa, este jueves 10 de abril en el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, la demanda por Daño Ambiental irreparable a Glaciares contra Barrick Gold y su proyecto Pascua Lama, sumando aún más fundamentos de que el proyecto no debe seguir.

La demanda fue interpuesta en junio del 2013 por una serie de agricultores, crianceros, habitantes y vecinos/as  pertenecientes a organizaciones sociales y comunidades Diaguitas del Valle del Huasco, afectados por la puesta en marcha del proyecto.

Las conclusiones de la Comisión Investigadora por el proyecto minero Pascua Lama fueron entregadas la semana pasada, quedando pendiente parte del debate y su votación, la que se verificó esta tarde por la sala de la Cámara de Diputados y concluyó con el rechazo del informe.

La instancia se constituyó en mayo de 2013 con el objeto de estudiar la situación ambiental del Valle del Huasco por efecto de la instalación del citado proyecto, particularmente, del funcionamiento de la actividad de estas comunas y alrededores con ocasión de la instalación de los trabajos. Adicionalmente, buscó determinar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y verificar los eventuales daños que se estuvieran produciendo en la zona.

Próximamente todos los Diputados de la Cámara recientemente elegidos deberán opinar acerca de las conclusiones y recomendaciones emitidas por el informe final de la Comisión Investigadora “Efectos del proyecto Pascua Lama en el Valle del Huasco”.

Para las comunidades del Valle del Huasco, el resultado del conflicto de interés entre las trasnacional y el Presidente de la Cámara, Giovanni Calderón, y demuestra la conformación de una bancada Barrick dentro de la Cámara en donde el informe fue hecho para seguir respaldando a una de las empresas más corruptas y asesinas a nivel mundial y en la historia de nuestro país, con lo que se continua dictando la muerte para el Valle del Huasco y su población.

Mediante una carta entregada hoy al nuevo Superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, se solicita a la entidad que se abstenga de recurrir de casación a la Corte Suprema, impugnando el fallo de los Tribunales Ambientales sobre el proyecto Minero, pues constituiría un mecanismo de dilatación y en ningún caso de búsqueda de justicia.

El 3 de marzo del 2014 el 2º Tribunal Ambiental acogió por unanimidad la reclamación de diversas organizaciones y comunidades del Valle del Huasco, contra la Resolución N° 477, emitida por la Superintendencia de Medio Ambiente el 24 de mayo de 2013, la cual solo multaba a la empresa Barrick Gold por parte, y no todos los incumplimientos de los que había antecedentes, en la implementación de su proyecto Pascua Lama.  Este fallo del Tribunal vino a reafirmar las denuncias sistemáticas que la comunidad ha hecho contra el proyecto, pero además daba cuenta de la complicidad de la autoridad fiscalizadora con las operaciones de esta industria minera  canadiense.

El superintendente del Medio Ambiente, Juan Carlos Monckeberg, indicó que la decisión de apelar o no al fallo del Segundo Tribunal Ambiental, que ordenó rehacer el proceso sancionatorio contra Pascua Lama, se tomará “con calma”. Mientras tanto los detractores de la iniciativa se mostraron optimistas en que el nuevo dictamen incluya la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto.

Con calma, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) resolverá si recurre o no ante la Corte Suprema, para apelar al fallo del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, que ordenó impulsar un nuevo proceso sancionatorio contra Pascua Lama, según señaló el superintendente Juan Carlos Monckeberg, quien explicó que la resolución es muy extensa y se debe analizar “a fondo”.