Oro versus agua

El pulso por la minería en el páramo de Santurbán regresó. Hace una semana más de 50 mil personas marcharon por las calles de Bucaramanga y Cúcuta para protestar contra Minesa, empresa multinacional que quiere licenciar un proyecto de extracción de oro en inmediaciones de este frágil ecosistema. Con llamados a favor de la protección del agua para 30 municipios de los Santanderes –que incluyen el área metropolitana de la Ciudad Bonita–, los manifestantes demostraron con contundencia que esa explotación minera está lejos de contar con el respaldo ciudadano.

La concurrida marcha por el agua es una muestra tangible de la férrea y articulada oposición que el sector minero está generando por todo el país. En el papel, la mina de Minesa sería el proyecto ideal para desarrollar: 9 millones de onzas de oro por más de 20 años; 5.000 empleos directos e indirectos en una región históricamente minera pero pobre como Soto Norte; 5,9 billones de pesos en regalías e impuestos, y el respaldo financiero del Gobierno de Emiratos Árabes. A lo anterior se añade la decisión de no usar sustancias tóxicas como cianuro y mercurio y de construir una mina subterránea con menor impacto ambiental.

Sin embargo, la cercanía del páramo de Santurbán –en algunos puntos de tan solo 140 metros– constituye una poderosa razón para que muchos dirigentes e instituciones santandereanas rechacen desde ya la licencia ambiental para el proyecto Soto Norte.
Minesa se ha defendido afirmando correctamente que sus actividades no se desarrollan dentro de los límites del páramo declarados en el 2014. Pero la construcción de una mina tan cerca y con túneles por debajo de esta sensible ‘fábrica de agua’ despierta justificados temores dentro del área metropolitana de Bucaramanga que la empresa árabe ha sido incapaz de apaciguar.

La multinacional, ha seguido el libreto tradicional de las compañías mineras en Colombia –regalías, generación de empleo, relaciones con las autoridades nacionales y abierta financiación a líderes locales–. No obstante, ese guion revela su debilidad como estrategia para que las comunidades en las zonas de influencia apoyen los proyectos. En especial cuando se trata del suministro de agua potable para el área metropolitana. El entorno para una gigantesca mina subterránea de oro a unos 50 kilómetros de una aglomeración de más de 1,2 millones de habitantes no es el mismo que el de una mina a cielo abierto en un pueblo pequeño.

Al igual que en el ciclo de protestas contra Greystar en el 2011, el eventual e irreversible daño que la mina de Soto Norte podría generarles a las aguas subterráneas y los ríos de Santurbán es el motor que mueve a diversos sectores. Aunque la protesta fue promovida por el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, y tuvo el apoyo de cinco candidatos presidenciales y otros grupos políticos, los señalamientos de Minesa sobre una politización de izquierda de la marcha no tuvieron asidero en la realidad de quienes salieron a protestar. El intento de endilgarles a las preocupaciones ambientales de muchos años de sectores sociales un tinte izquierdista fue tan torpe y contraproducente como los ataques xenófobos de algunos promotores de la marcha contra los árabes
El objetivo de los ambientalistas y dirigentes políticos de alertar a Santander y al resto de Colombia sobre un proyecto de gran minería cerca de Santurbán se logró. Asimismo, los opositores han despertado alarmas sobre varios datos técnicos en el Estudio de Impacto Ambiental como el uso total del agua que deben ser aclarados y explicados en detalle por Minesa.

Hoy, la licencia ambiental para esta mina de oro en Santurbán está en manos de la Anla. Es ahora cuando la invitación de la empresa a un diálogo técnico debe pasar del discurso a la realidad y todos los sectores sociales deberían poder participar y recibir información de calidad y veraz. A las autoridades ambientales les corresponde determinar si un ecosistema tan delicado aguanta un proyecto de tanta envergadura y si sus impactos amenazan el agua de Bucaramanga.