19 de Marzo de 2012
Representantes de grupos ambientalistas exigieron a las autoridades estatales la cancelación del proyecto minero impulsado por la firma canadiense Gold Group en la región de Alto Lucero. Denunciaron que a pesar de que los inversionistas siguen sin recibir la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), prosiguen con los trabajos de exploración.
Apostados frente a las oficinas de la delegación de la Semarnat, las organizaciones civiles recordaron que en febrero pasado se presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cuya sede se encuentra en la Ciudad de México, en la que se «da cuenta de diversas violaciones a la ley ambiental y penal, en lo relativo a conductas ilícitas y delitos ambientales».
A través de fotografías, videos y testimonios, los activistas del colectivo La Vida exigieron clausurar el proyecto minero Caballo Blanco, en los municipios de Alto Lucero y Actopan, por violar las leyes ambientales y abrir caminos que la Semarnat no había autorizado.
Explicaron que la minera transnacional presentó un estudio de impacto ambiental de socavones para sus actividades de exploración y, ante ello, la dependencia federal emitió un resolutivo condicionando este tipo de actividades, según documento difundido a través de la pagina web de la Semarnat, bajo el número 30VE2010MD132.
No obstante, explicó el ambientalista Guillermo Rodríguez Curiel, la empresa ha incurrido en violaciones flagrantes tanto a ese resolutivo como a las leyes y normas aplicables en el país, entre ellas la de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a la Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento.
Sostuvo que la empresa minera está metiendo maquinaria pesada en la zona donde proyecta explotar los recursos naturales de Alto Lucero para la extracción de oro, y para ello «ha abierto nuevos caminos» en un área considerada de alto impacto ecológico por los servicios ambientales que presta a la región, incluida la capital del estado.
La transnacional, subrayó, omitió declarar en la MIA sobre la instalación de tanques de agua, desde donde se bombea el líquido para el funcionamiento de barrenos, ya que eso implicaría una serie de trámites ante la Comisión Nacional de Agua (Conagua), Comisión Nacional Forestal y la misma Semarnat para solicitar el cambio de uso de suelo.
Esta situación, acusó, «viola el resolutivo por el cual se prohibió a la empresa la realización de obras y actividades que no estén previstas en la resolución, así como realizar obras adicionales que no estén consideradas en el proyecto».
Peor aún, abundó Rodríguez Curiel, «la empresa minera está realizando actividades de exploración mediante el uso de barrenos de diamante, lo que normalmente implica la generación de residuos líquidos, además del uso de sustancias ajenas al ecosistema local, mismas que nunca declaro que generaría y usaría y que ponen en riesgo la fauna y flora local».