Gobierno aún no se pronuncia ante el aumento millonario de la demanda
Gloria Morán
Organizaciones civiles en contra de la minería metálica en El Salvador se pronunciaron en relación a lo anunciado por la empresa canadiense Pacific Rim sobre que su filial en Estados Unidos PacRim Cayman LLC demandó al Estado salvadoreño por 315 millones de dólares ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
No es una nueva demanda, es la que ya se viene gestando y dando a conocer desde 2009, la diferencia la hace el millonario aumento la demanda, porque en ese entonces fue de 77 millones de dólares.
La empresa minera reclama al Estado el pago por los gastos de inversión en los que incurrió, desde 2005, para la exploración minera en la Mina el Dorado, en Cabañas. Dicha mina posee cerca de un millón 400 mil onzas de oro.
“Sobre la base de una valuación conducida el 28 de marzo 2013, (la «Valoración») realizada por un experto independiente, Pacific Rim solicita la indemnización en la cantidad de EE.UU. $ 315 millones (incluyendo intereses antes del juicio) por las pérdidas ocasionadas por el Gobierno de El Salvador debido a las infracciones de la Ley de Inversiones Salvadoreña. Información adicional acerca de la valoración se proporciona a continuación”, cita el comunicado de Pacific Rim.
La demanda interpuesta en 2009 fue desestimada por el CIADI. En junio del 2012 este mismo ente determinó que el litigio se resolvería con base a la Ley de Inversiones y no bajo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) que la compañía minera presentó como argumento para lograr su cometido.
Pacific Rim, antes que fuera desestimada la demanda, buscaba que el CIADI resolviera la disputa que sostiene con el país bajo los términos de libre comercio y protección de inversiones del CAFTA-DR; sin embargo El Salvador había presentado un documento en el que se alegaba que la empresa canadiense se había mudado a suelo estadounidense en 2007, años después de haberse generado el conflicto.
Organizaciones como la Mesa frente la Minería Metálica y el CESTA en El Salvador se han pronunciado en contra de dicha demanda y de la pasividad con la que el Estado salvadoreño actúa en un tema como la permisión o no de la minería en El Salvador.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica aglutina a comunidades, organizaciones no gubernamentales e iglesias
La Mesa Frente a la Minería, en voz de Ángel Ibarra, dijo que el aumento de la demanda es injustificable y carece de sustento. Ibarra lo califica como “una extorsión”. “Es falso que la empresa promueva el desarrollo en Cabañas y en El Salvador. Ellos actúan con el mismo estilo que actúa el crimen organizado, robando y saqueando al pueblo”, sentenció.
La organización instó al gobierno salvadoreño para que prohíba de una vez por todas ese tipo de industria en el país y renuncie a las negociaciones y a la ratificación de acuerdos comerciales con Canadá y la Unión Europea con el Acuerdo de Asociación (AdA), respectivamente.
Ibarra dijo que la demanda es una de las consecuencias de haber suscrito acuerdos comerciales y leyes que afectan la soberanía del país. “Al aceptar la jurisdicción del CIADI, el Estado salvadoreño se está echando la soga al cuello. Los tribunales como el CIADI están hechos para defender intereses de las empresas transnacionales”, puntualizó.
Pacific Rim señala en su comunicado oficial que “Si El Salvador siguiera sus propias leyes, la mina El Dorado estaría en funcionamiento en la actualidad, y emplearía a miles de salvadoreños en una de las regiones más pobres del país. La operación El Dorado sería el contribuyente más grande en El Salvador”; dice la empresa con el afán de justificar la labor minera en suelo salvadoreño.
Ante esto la Mesa señaló que la demanda es un acto “contradictorio” ya que no es lo mejor “que una empresa minera que pretende generar “bienestar” El Salvador, intente resolver los conflictos con el Estado salvadoreño, recurriendo a tribunales como el CIADI, de perfil corporativo y no ambiental o de derechos humanos, reclamando además la indemnización por las posibles ganancias económicas que le produciría la activación de la mina”.
Por su parte, el ministro de Economía, Armando Flores dijo que lo anunciado por la empresa minera es parte del proceso de la demanda interpuesta en 2009, por lo tanto “vamos a esperar a que esto siga su curso”.
Sin embargo antes de decir eso aclaró que la postura gubernamental le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), pero una fuente de la entidad aseveró que aún no hay postura puesto que están en estudio de la documentación presentada por Pacific Rim.