María Aranzazú Ayala
Organizaciones poblanas se manifiestan contra la privatización del aguaOrganizaciones poblanas se manifiestan contra la privatización del agua
Exigen que la modificación a la ley sea derogada porque constitucionalmente el Estado tiene la obligación de garantizar el suministro
Puebla, México.- El acceso al agua está considerado como un derecho humano, elemento esencial para la salud y la higiene, sin embrago la propuesta es que en Puebla se privatice
La reforma a la Ley del Agua del Estado de Puebla contempla la legalización de la concesión del servicio a empresas privadas, “En caso de que la prestación de los Servicios Públicos sea concesionada o encomendada por cualquier otro título jurídico a un particular, ya sea de forma total o parcial, la actualización de la Estructura Tarifaria y de los otros conceptos de ingresos, se regulará de conformidad con lo establecido en el título de concesión o contrato respectivo.”
Varias organizaciones de Puebla se pronunciaron en contra de la privatización del agua a raíz de la iniciativa de reforma a la Ley del Agua del Estado de Puebla, presentada el pasado cinco de septiembre por el gobernador, Rafael Moreno Valle; el Secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, y el Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Julio César Lorenzini Rangel.
Aunque el derecho humano al acceso al agua está contemplado en la Resolución 64/292 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual pide a todos los Estados miembros a que garanticen el suministro de agua potable de una manera asequible, limpia y accesible; este derecho también está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4º.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua-región Malinche, el Movimiento Agua para Amozoc, el Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla A.C., el Programa Mesoamérica del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J.-Universidad Iberoamericana Puebla y la Red de Defensa de los Derechos Humanos denuncian que esta reforma está dentro de las imposiciones privatizadoras de los recursos energéticos y naturales que vienen desde el gobierno federal.
Las organizaciones también consideran que el agua que sea “puesta en manos privadas” hace que su distribución y uso, desde suministro hasta tratamiento de aguas residuales, se convierta en un negocio redondo, y pasará de ser un bien colectivo a un bien privado, además de que el Estado mexicano seguirá criminalizando la protesta social, en concreto la defensa al derecho al agua, justificando que éste es un recurso de Seguridad Nacional.
Los defensores del agua –entre ellos también el Comité Pro Agua Potable y Obras de Beneficio Social para la Villa de Amozoc A.C., el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) y Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi, “Unidos Todos Como Pueblo”– exigen que la modificación a la ley sea derogada, que los adeudos del pago del agua no sean tomados como créditos fiscales, y que el Estado “asuma su obligación de garantizar el derecho humano al agua hacia toda la población en la entidad a través de las instituciones correspondientes y de los sistemas independientes comunitarios de gestión del agua.”
También piden a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que presente cuanto antes una Acción de Inconstitucionalidad por la modificación a la legislación, y llaman a toda la sociedad de Puebla a que se una a la defensa del agua.