CISPES – Comite en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador
SAN SALVADOR—Martes, 2 de febrero, más de ciento cuarenta organizaciones sociales internacionales entregaron una carta al Fiscal General de la República Romeo Barahona y Presidente Mauricio Funes denunciando la falta de justicia en los casos de asesinatos de ambientalistas en el departamento de Cabañas y exigiendo medidas para asegurar una investigación imparcial y profunda. Entre las organizaciones firmantes de la carta, se encuentran grupos ambientalistas, sindicatos, salvadoreños en el exterior, grupos defensores de derechos humanos, y organizaciones de solidaridad de los Estados Unidos, México, Canadá, Europa, y Australia.
Las organizaciones exigen investigaciones profundas y la pronta justicia para dar conocer los autores materiales e intelectuales de los crímenes. La carta también exige la aceptación por la fiscalía de unas querellas presentadas por el equipo jurídico de la Mesa Nacional Frente la Minería Metálica en los casos de asesinatos de Gustavo Marcelo Rivera, Ramiro Rivera Gómez, y Dora Alicia Sorto Recinos. “Hasta la fecha, el fiscal de estos casos Rodolfo Delgado se ha mostrado incapaz de abogar por los derechos de las victimas,” dice Emily Carpenter, Directora Nacional de Ciudades Hermanas de El Salvador y los Estados Unidos, una de las organizaciones firmantes de la carta. “Por lo tanto, lo vemos necesario que una voz defensora de los derechos de las victimas sea presente en estos casos.”
Incluidas en las organizaciones firmantes hay varias asociaciones de salvadoreños en el exterior, incluyendo Comités de Base del FMLN en los EEUU y Canadá y también asociaciones no-partidarias. “Vemos con mucha indignación a estos hechos de violencia y esperamos que el señor Barahona tome en cuenta las voces de sus compatriotas en el exterior demandando un cambio verdadero y un fin a la impunidad,” dijo Esther Portillo de SANA, la Asociación Nacional de Salvadoreño Americano.
La carta y sus firmantes subrayan la importancia de investigar “la responsabilidad penal y civil” de la empresa minera Pacific Rim en estos hechos. Actualmente, Pacific Rim demanda al Estado salvadoreño unos cientos millones de dólares por supuestamente violar los derechos de inversores del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos a no otorgar permisos de explotación.
“Las empresas mineras están acostumbradas a traer conflictividad a las comunidades. Tenemos ejemplos de violencia muy parecida en México, Guatemala, y Perú,” declaró Alexis Stoumbelis, Directora Ejecutiva del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), una de las organizaciones que firmó la carta. “Es sumamente importante que las instituciones del Estado investigan el papel de Pacific Rim en generar cualquier forma de violencia y conflictividad,” continuó Stoumbelis.
La carta—que fue entregada al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), al Ministro de Seguridad Pública, al Director de la Policía Nacional Civil (PNC), y al Ministro del Medio Ambiente, además del FGR y el Presidente—repite la preocupación de otras instituciones y personalidades internacionales por la falta de justicia en los casos de violencia en Cabañas. En noviembre del año pasado el congresista estadounidense James McGovern expresó su preocupación por la impunidad en el caso de Gustavo Marcelo Rivera al Presidente Funes en una reunión bilateral.
“Lo consideramos muy positivo que el presidente comprometió a no permitir la explotación minera metálica e investigar y brindar seguridad a la gente de Cabañas. Sin embargo, la comunidad internacional está muy preocupada por esta situación de violencia y nuestras organizaciones y varios congresistas están pendientes de la manera en que las instituciones del Estado salvadoreño terminen con la impunidad que hasta hoy ha existido,” dijo Carpenter de Ciudades Hermanas.