Organizaciones indígenas de Ecuador se declararon “en resistencia” contra la anunciada reforma a la Ley de Minería propuesta por el Poder Ejecutivo. Consideran que los cambios violentan sus derechos y exigen ser consultados.
Sin precisar qué medidas tomarán, la cuarta asamblea de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), se reunió en Quito, el último martes, y resolvió que ejercerá su “derecho a resistencia” ante la proyectada modificación de la norma.
Ésta reduce drásticamente los permisos requeridos para iniciar exploraciones.
Las organizaciones exigen que se realice una consulta pre legislativa, tal como lo solicitaron –sin obtener respuesta- el pasado 23 de mayo, en un documento dirigido a la Asamblea Nacional.
Al respecto, Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, consideró que la falta de consulta “sería una violación flagrante a la Constitución y tendría que llegar a la Corte Constitucional y luego a las cortes internacionales”.
Para el dirigente, la iniciativa del Ejecutivo responde a “intereses de las grandes empresas mineras y violenta los derechos de los pueblos”.
“Vamos a seguir resistiendo, y el Presidente de la República no nos va a quitar el derecho a resistir”, aseguró Carlos Pérez Guartambel.
Asimismo, informó que presentarán a la Asamblea nacional un documento enlistando las violaciones a derechos colectivos que se estarían cometiendo con las reformas.
Consulta exigible
En opinión del Marcelo Melo, el abogado que ganó el caso Sarayaku en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), las reformas afectarían los derechos de todas las comunidades afectadas por la actividad minera.
“Esta nueva ley tiene que someterse también a los estándares de consulta que están previstos en la Constitución”, señaló.
Melo explicó que las reformas son un acto jurídico, una nueva ley que se pretende aprobar, por lo cual es necesario realizar dos tipos de consulta: una ambiental que corresponde a todos los que viven en Ecuador -dispuesta en el artículo 398 de la Constitución-, y otra especial para los pueblos indígenas, de acuerdo al artículo 57 de la Carta Magna.
Para el abogado, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Sarayaku es una norma jurídica exigible en el Ecuador.
“La consulta que hay que hacer es previa, es una responsabilidad del Estado, debe hacerse de una forma adecuada a la realidad de cada uno de los pueblos que se va a consultar y, sobre todo, que tiene que ser hecha de buena fe en la búsqueda del consentimiento”, declaró.
Igualmente, consideró que sería una “necedad” para el Estado no respetar los derechos indígenas.
“Lo único que se va a conseguir es que se resquebraje el Estado de Derecho, se debilite la democracia y, por último, que se conflictúe aún más la región amazónica ecuatoriana y las regiones donde hay interés minero”, indicó.
Naturaleza desprotegida
Por otra parte, los nativos consideran que la modificación a la Ley de Minería “desproteje los derechos de la naturaleza”, puesto que reduce de diez a dos los permisos requeridos para realizar actividades de exploración minera.
Asimismo, rechazan que se proponga eliminar el pronunciamiento de los consejales de cada municipio sobre los estudios de impacto ambiental para exploración minera en cada localidad.
Carlos Pérez Guartambel consideró que las modificaciones limitan las facultades de los gobiernos locales para desarrollar los planes de desarrollo territorial.
“Esta es una ley vende patria, entreguista, una ley que se arrodilla ante las mineras chinas y transnacionales”, afirmó.
Polémica reforma
Las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo tienen carácter de urgencia económica y constan de 32 artículos, siete disposiciones generales, cuatro transitorias y una disposición final. El plazo para su aprobación vence el próximo 15 de junio.
El Gobierno sostiene que las modificaciones son necesarias porque la Ley de Minería tiene vacíos y carencias en lo referido a la mediana minería, las regalías y montos atractivos para el Estado y empresas. Así como la prohibición del uso de mercurio en todos los tipos de minería.
Según el presidente Rafael Correa, las modificaciones fueron a pedido de inversionistas. El objetivo es agilizar la negociación de contratos con mineras y atraer inversiones.
“Tenemos una ley de minería muy buena, pero se han cometido algunos errores y en algunas cosas era demasiado fuerte y no nos ha llegado la inversión como esperábamos que llegue”, aseguró.