La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas, que reúne a once grupos que velan por los derechos de las etnias de la zona, exigió al Gobierno revocar el acuerdo del mapeo minero que contrató con la transnacional china Citic porque consideran que amenaza la biodiversidad y la cultura de los pueblos originales de ese estado.
“Estamos estudiando qué medidas tomar. Actuaremos para hacer patente nuestra insatisfacción contra acciones mineras en conjunto con cualquier otro país, incluso China. No fuimos consultados y seríamos muy afectados por una eventual explotación, como se plantea en el acuerdo con la empresa Citic”, afirmó Virgilio Asisa de la Organización Ye´kuana del Alto Ventuari Kuyuno, por teléfono desde Puerto Ayacucho. El grupo integra a la Coiam (Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas), y es uno de los once que firman el documento.
En el texto la Coiam reconoce los esfuerzos gubernamentales destinados al reconocimiento y promoción de los derechos de los pueblos indígenas, en especial el punto 5.2.2. del Plan Socialista de la Nación 2013-2019, que establece la necesidad de “desmontar y luchar contra los esquemas internacionales que promuevan la mercantilización de la naturaleza, de los servicios ambientales y de los ecosistemas”.
Sobre esa base, los movimientos indígenas esgrimen varias razones para rechazar el acuerdo que se suscribió en septiembre de 2012 para que Citic realice labores de búsqueda de depósitos de oro, bauxita, hierro, diamantes y coltán en el estado Amazonas, una de las principales áreas de estudio. La primera es que “puede comprometer la vida colectiva futura” en la entidad; la segunda es que se trata de una iniciativa impuesta y no consultada con las comunidades de la zona, lo cual sería una violación a la Constitución.
Otro argumento es que el plan de exploración chino contempla instalar campamentos en Ocamo, Cacurí, Solano, Santa Bárbara y Puerto Ayacucho, áreas que la Coiam considera territorios sensibles porque no han sido demarcados, como lo establece la carta magna.
“Los pueblos indígenas somos pioneros en defender la biósfera y su biodiversidad”, dijo Asisa. “El mundo respira a través de la selva amazónica que tenemos aquí, y por eso el mundo depende de nuestra actuación. Si dejamos que la minería avance, contaminamos el mundo en medio del avance del calentamiento global”.
Proponen al Gobierno iniciar “una revisión profunda de su política indígena” y solicitan que se respete el decreto n° 269 –que prohíbe toda actividad minera en el Estado–, así como los que establecen la creación de la Reserva de Biósfera del Alto Orinoco y los diferentes parques nacionales.
El documento fue entregado a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio del Ambiente. Está firmado por los movimientos Indígenas Piaroas Unidos del Sipapo, Kuyuno, Yanomami (Horonami), Mujeres Indígenas de Amazonas (Omida), Asociación de Maestros Piaroa (Madoya Huarijja), Piaroas del Cataniapo “Reyö Aje”, Río Negro (Uciabyrn), Yabarana del Parucito (Oiyapam), Piaroa de Manapiare, Ye´kuana del Alto Orinoco (Kuyujani Originario) y Pueblo Unido Multiétnico de Amazonas (Puama).
El artículo 119
“El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan (…). Corresponderá al Ejecutivo, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras”.