Por quinto año consecutivo, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú publica el «Informe Alternativo 2012 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, que analiza el período de agosto de 2011 a julio de 2012.
Hace pocos días, el informe fue presentado por representantes de la sociedad civil y de organizaciones indígenas con la finalidad de denunciar la falta de cumplimiento del Convenio en el país. El documento, como en los años anteriores, también fue enviado a la Comisión de Especialistas en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT, que analiza el grado de cumplimiento de los convenios internacionales.
El informe denuncia situaciones como la ausencia de una base de datos oficial que contabilice la cantidad de indígenas existentes en el país, situación que perjudica a las comunidades indígenas y originarias en procesos importantes como las consultas acerca de obras de proyectos de infraestructura que los afectan.
Otra cuestión abordada en el documento y señalada por Rocío Silva Santistevan, secretaria ejecutiva de la coordinadora Nacional de Derechos Humanos, durante la presentación del informe, fue que a pesar de que hace más de un año que se aprobó la Ley de la Consulta Previa y que su reglamentación está en curso, no hubo avances significativos en apoyo a esta necesidad de los pueblos indígenas peruanos.
La secretaria denunció que el gobierno de Ollanta Humala sigue con la misma postura de velar por los intereses de las empresas mineras y de hidrocarburos en detrimento de los derechos de los indígenas, como por ejemplo la consulta libre, previa e informada.
«El 25 por ciento del territorio nacional está concesionado a la minería. En Cajamarca hasta la Plaza de Armas y las capillas han sido concesionadas. El gobierno continúa con la política extractivista que arrastra desde el gobierno de Fujimori y que sigue generando conflictos”, agregó.
Se relatan en el documento seis casos emblemáticos de conflictos entre los pueblos indígenas y empresas privadas que recibieron concesiones de tierras sin el consentimiento de los indígenas. Se mencionan los casos de Conga, Espinar, Purús, Cordillera del Cóndor, Zona Reservada Güeppí y Ecoamérica, para dar una noción de lo que ocurre en Perú a pesar de la existencia de la Ley de Consulta Previa.
El proyecto Conga es ampliamente conocido por la dimensión que las manifestaciones populares contrarias a él cobraron en los últimos tiempos. La población de Cajamarca, departamento donde se pretende instalar el proyecto de explotación de oro y cobre, continúa alerta y en resistencia para impedir su comienzo.
En el caso de Ecoamérica, el pueblo indígena Shawi lucha desde 2009 contra la empresa coreana Ecoamérica, que hace tres años solicitó al Estado la donación de 72.654 hectáreas de tierra de la selva, de las cuales 21 mil son territorios quechuas y shawis.
El caso Purús tiene que ver con la lucha contra el proyecto de construcción de una carretera de 400 km. que irá desde la provincia de Puerto Esperanza, en Ucayali, hasta Iñapari, en Madre de Dios, y que atravesará el Parque Nacional Alto Purús y la Reserva del Alto Purús. Una de las principales críticas al proyecto es que éste pondrá en peligro la supervivencia de los pueblos en aislamiento voluntario que viven en los territorios protegidos.
Además de relatar los problemas, el informe también hace recomendaciones para cambiar el actual contexto. Entre las principales está la modificación del artículo 7 de la Ley de Consulta Previa para que se incluyan como pueblos indígenas todos los descendientes de los pueblos que habitan determinado territorio desde antes de la colonización. La Ley debe ser modificada con la participación de los indígenas y adecuada al patrón del Convenio 169 y de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Lea el informe completo: http://servindi.org/pdf/InformeAlternativo2012.pdf