En audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), organizaciones muestran que empresas y estados no respetan derechos básicos de poblaciones. En el caso de Brasil, la agencia reguladora del gobierno federal ni siquiera fiscaliza a las empresas mineras.
Por eso la sociedad civil denuncia internacionalmente la creciente presión sobre los recursos naturales para el desarrollo de actividades extractivistas. Entre éstas destacan la minería y la construcción de represas. Estos procesos, que han generado una violación sistemática del derecho al agua en América Latina, fueron tema de una audiencia reciente en la sede de la CIDH, en la capital de Estados Unidos.
Las organizaciones presentan casos de apropiación, contaminación y daños irreversibles a las fuentes de agua, debido a la implementación de proyectos extractivistas. Además de afectar el derecho al agua, esas situaciones violan también otros derechos, como salud, vida digna, integridad, ambiente saludable, comida y cultura, tanto de individuos como de comunidades que están en el área de influencia directa de los proyectos que no fueron consultados, como los que están distantes y dependen de esas fuentes para su subsistencia. Tales casos son documentados, extensivamente, en un informe entregado a la Comisión.
Ausencia de control de la minería en Brasil
Los proponentes de la audiencia detectan la ausencia de medidas eficaces para que los Estados de América Latina garanticen el derecho al agua. Y denuncian la existencia de marcos jurídicos que favorecen la apropiación de agua para proyectos de minería, en detrimento de su uso para el consumo humano.
En el caso de Brasil, la Agencia Nacional de Aguas (ANA) no fiscaliza las licencias concedidas a los emprendimientos de minería. Y son las propias empresas mineras las que informan los volúmenes de agua consumidos por el proyecto. No hay medios, por tanto, de asegurar si la cantidad de agua utilizada en cada proyecto corresponde al pedido del otorgamiento. Hecho grave para el sector que más hizo requerimientos de otorgamientos de agua en Brasil, en los años 2012 y 2013.
Una investigación del Comité Nacional en Defensa de los Territorios Frente a la Minería constata un aumento significativo de otorgamientos para la minería. En 2003, fueron concedidos cinco otorgamientos; en 2013, ese número aumentó a 224. Según los datos divulgados sobre los montos de 2013, la minería habría consumido un total de 74,3 billones de litros de agua. Un número significativo, pero ciertamente subvaluado, ya que la ANA no monitorea el consumo de esas empresas.
La investigadora Gabriela Fernández, del Comité Nacional en Defensa de los Territorios Frente a la Minería, analiza que «la facilidad con que los otorgamientos son concedidos, así como la ausencia de fiscalización pos autorización, sumado a la no existencia de una política de regulación del precio, parecen enmascarar un estímulo del uso desmedido del agua, teniendo como base el anticuado discurso de abundancia hídrica”.
Finalmente, las organizaciones solicitan a la Comisión que: se reafirme el reconocimiento del agua como un derecho humano; se considere la importancia del agua como un elemento fundamental del derecho a un ambiente saludable, como ya fue reconocido en los instrumentos interamericanos; se recuerde las obligaciones de los Estados de proteger los derechos al agua y a un ambiente saludable, ante cualquier actividad extractiva o de infraestructura; se destaque la obligación de los Estados de controlar eficazmente las actividades susceptibles de afectar el derecho al agua; y se recuerde a los Estados miembros sobre la importancia de la consulta libre, previa e informada, antes de la implementación de cualquier proyecto extractivista.
La audiencia fue propuesta por las siguientes organizaciones: Acción Solidaria para el Desarrollo (Cooperacción, en su sigla en español) – Perú; Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – Regional, Asociación Pro-Derechos Humanos (Aprodeh) – Perú; Bienaventurados los Pobres (BePe) – Colectivo SumajKawsay – Argentina; Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas) – Guatemala; Centro de Derechos Humanos «Bartolomé Carrasco Briseño A.C. (Barca-DH) – México; Centro de Estudios para la Justicia Social ‘Tierra Digna’ – Colombia; Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) – Panamá; Centro de Investigación sobre Desarrollo y Comercio (Ceicom) – El Salvador; Comité de Unidad Campesina (CUC) – Guatemala; Comité Nacional en Defensa de los Territorios frente a la Minería – Brasil, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (Eric-RP) – Honduras; Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) – Regional, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) – Regional, Justicia Global – Brasil, Observatorio ciudadano – Chile, Pensamiento y Acción Social (PAS) – Colombia; y Pax Christi – Internacional.