Tras once meses de esperar una respuesta a una queja entregada en Ottawa, la FIDH, su liga ecuatoriana, CEDHU y MiningWatch Canadá, en representación de un grupo de pobladores campesinos e indígenas afectados por el primer contrato de explotación minera a gran escala en Ecuador, urgen a la oficina canadiense proseguir con el caso. Denuncian la gran demora del Punto de Contacto Nacional canadiense, responsable de administrar las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) mientras sucede una reunion mundial de la OCDE, el Global Forum on Responsible Business Conduct, en Paris.
El 25 de julio de 2013, la FIDH, la CEDHU y MiningWatch presentaron una queja ante el Punto de Contacto Nacional canadiense (PCN), responsable para administrar las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales, denunciando los impactos sobre los derechos humanos y la naturaleza que la empresa Corriente Resources y su subsidiaria ecuatoriana EcuaCorriente S.A. (ECSA) está generando en la Amazonía ecuatoriana.
“En los últimos meses, decenas de familias campesinas se han organizado para dar a conocer nuevas irregularidades de la compañía en su afán de ocupar las tierras para llevar a cabo actividades mineras, inclusive la destrucción de una capilla y el traslado de una escuela, a pesar de las denuncias de los pobladores. Es urgente una respuesta desde Canadá ante las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas y que siguen ocurriendo en este caso”, destaca Elsie Monge, Directora Ejecutiva de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos del Ecuador (CEDHU) y Vicepresidenta de la FIDH.
La queja alega que el Proyecto Mirador puede ocasionar daños irreparables para las comunidades campesinas e indígenas de su alrededor, habiendo ya producido el desplazamiento forzoso de docenas de familias que se han visto obligadas a abandonar sus hogares y sus tierras. En la queja se solicita respetar los derechos humanos de las comunidades afectadas, incluyendo los derechos de la población indígena a la autodeterminación y al consentimiento previo, libre e informado y el derecho de la población en general a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, tal como reconocen normas de derecho internacional y nacional, así como el espíritu del régimen del buen vivir, o “sumak kawsay”, consignado en la Constitución ecuatoriana.
“Según los procedimientos de la misma oficina canadiense, el período de evaluación preliminar de una queja debería tomar unos tres meses, sin embargo hemos esperado casi un año para saber si van a admitir o no la queja. Es inaceptable tanta demora mientras la situación sigue agravándose en Ecuador”, comenta Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.
Tras varios intentos de acceder a la justicia en Ecuador y ante inminentes y potenciales daños irreparables sobre las personas y la naturaleza debido a la ejecución del Proyecto, los querellantes se vieron obligados llevar esta queja a Canadá.
Los solicitantes esperan que el Punto de Contacto Canadiense admita la queja y lleve a cabo una investigación para determinar si la empresa ha cumplido o no con las Líneas Directrices de la OCDE – las cuales se refieren a la responsabilidad de las empresas de respetar todos los derechos humanos – y formular las recomendaciones pertinentes.