Corte Constitucional ordenó suspensión por no haber sido consultados con
dos comunidades indígenas.
Los miembros de los resguardos Pescadito y Chidima-Tolo denunciaron que
con la llegada de los proyectos se han presentado una situación de
ocupación ilegal de predios y lanzaron una alerta ante el riesgo de
desplazamiento.
En el fallo, el alto tribunal exhortó al Congreso y al Presidente de la
República a que se estudie un proyecto de ley que regule y aplique el
derecho a la consulta previa y el consentimiento libre de los grupos
étnicos.
Las obras quedan paralizadas y no podrán reanudarse hasta tanto se tomen
medidas para proteger el medio ambiente de la región y la
supervivencia
de dos comunidades de embera katíos que viven entre los municipios de
Unguía y Acandí, indica la sentencia
Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) adelantaba un proyecto binacional con
Panamá de transporte de energía y el Ministerio de Transporte construía
una vía que iba a unir a los municipios de Unguía y Acandí sobre uno de
los posibles trazados del megaproyecto de la vía Panamericana.
Entre ambas poblaciones también estaba a un paso de iniciar operaciones
una empresa minera que iba a explotar, por el sistema de concesión, un
yacimiento de oro.
La Corte le pide al instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y
a Acción Social iniciar un plan de protección a los miembros de los dos
resguardos y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia un plan
arqueológico en la región.
A quienes para «restringir y neutralizar» el accionar de las/os defensores/as de DDHH, interceptan este mensaje… se les desea la «inteligencia» suficiente para comprender y contagiarse de la esencia dignificante de la lucha por el respeto irrestricto de los derechos humanos.
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