El ministro de Minería anunció que quienes afectaron la cumbre del Cerro Rico de Potosí tendrán que pagar los costos de su reparación.
(El Potosí) El gerente nacional de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Marcelino Quispe, instruyó que se investigue al gerente regional de la Comibol, Gilberto Mirabal por no suspender las operaciones que están por encima de la cota 4.400, según dio a conocer el ministro de Minería, Mario Virreira.
Los técnicos encargados de controlar las labores del yacimiento minero también serán investigados para determinar si incumplieron sus obligaciones. Ello implica responsabilidad administrativa o penal.
El gerente regional de la estatal minera, Gilberto Mirabal, consultado anteriormente, sobre las razones que le impiden frenar las labores mineras por encima de la cota 4.400 dijo que los cooperativistas no hacen caso y destacó que se tiene que buscar consenso con estos operadores mineros.
No se pudo lograr la versión oficial de los cooperativistas porque sus dirigentes estaban en reunión aunque ellos solamente son arrendatarios del yacimiento minero que pertenece al Estado y la Comibol administra a su nombre.
Por explotar las minas del cerro los cooperativistas pagan el uno por ciento del valor del mineral pero, según datos de la Comibol, algunas no tienen contratos para encarar labores.
Ayer comenzó el proceso de evaluación de los recientes daños presentados en el Cerro Rico de Potosí, con la presencia de un equipo técnico de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), detalló el ministro de Minería, Mario Virreira.
El ministro informó que en función a ese resultado se dará a conocer una posición definitiva sobre el cerro, que la semana pasada presentó un asentamiento a la altura del sitio donde se encaraba el relleno.
Sin embargo, dejó sentado que la posición institucional del Ministerio es que los responsables del deterioro de la parte alta del cerro deberán pagar lo que demande su reparación.
Además, se abrió la posibilidad de que esas personas vayan a la cárcel por daño a un bien público, máxime si está declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
“Es el momento de llamar la atención de los operadores mineros y evitar más daño que el que se tiene”, dijo Virreira.