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«Desmentimos tajantemente la información que está circulando por algunas redes sociales sobre la representación de abogados del estudio jurídico Barros Silva Varela & Vigil a compañeros de Putaendo Resiste», señala en un comunicado esta organización. Consideran que se trataría de maniobras para dividir a las comunidades que se oponen al proyecto minero de la empresa canadiense Andes Copper.
– El texto completo de la declaración de Putaendo Resiste es el siguiente:
DESMENTIMOS TAJANTEMENTE LA INFORMACIÓN QUE ESTÁ CIRCULANDO POR ALGUNAS REDES SOCIALES SOBRE LA REPRESENTACION DE ABOGADOS DEL ESTUDIO JURIDICO BARROS SILVA VARELA & VIGIL A COMPAÑEROS DE PUTAENDO RESISTE.
Durante estos días, hemos visto circular el rumor que vincula a cinco personas de nuestra organización, con dos abogados de la oficina de Barros Silva Varela & Vigil, diciendo que los están representando. Por lo anterior, nos vemos en la obligación de aclarar estos hechos de cara a la comunidad:
1) Putaendo Resiste sólo reconoce a Álvaro Toro y Javiera Tapia como sus legítimos representantes, en quienes depositamos nuestra confianza por su intachable trayectoria. Álvaro Toro, abogado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) ha sido abogado de las comunidades contra los proyectos Pascua Lama y Alto Maipo, entre los más conocidos. Ambos abogados actúan gratuitamente, no cobran por sus servicios, sino que forma parte de su compromiso vocacional en apoyo a las comunidades que ven amenazado su territorio.
2) El abogado Felipe Riesco, integrante del estudio de abogados Barros Silva Varela y Vigil, se contactó con personas de Putaendo ofreciendo sus servicios. Estas cinco personas o no le respondieron o le respondieron rechazando su oferta de representación. Miembros del Directorio de la junta de Vigilancia, también realizaron gestiones para obtener la representación de alguna de estas cinco personas, en todos los contactos se les dijo que NO.
3) Sin embargo, con sorpresa nos enteramos de que igualmente presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso (Causa Rol 16210-2020), utilizando los datos personales de Verónica Barrera, Valentina Valdés, Larry Viveros, Darío Cuevas y Nicolás Iturrieta, los que estaban a la vista en el Recurso de Reposición presentado ante el Servicio de Evaluación Ambiental.
4) Pudimos confirmar que dicho bufete de abogados fue contratado por la junta de Vigilancia de Putaendo y, por lo tanto, ahora nos interesa saber las razones por las cuales una empresa contratada por la Junta de Vigilancia realiza estas malas prácticas a vista y paciencia de quienes los han contratado y si, además, estos avalan dicho comportamiento.
5) Frente a los rumores y cizaña que están levantando los oportunistas y alcahuetes de siempre, para dividir y desconcentrarnos de lo importante, que se mueven para dividir y desconcentrarnos de lo importante. Con claridad les decimos: No estamos disponibles para su pobre y triste trabajo.
6) Celebramos las iniciativas que realizan distintas organizaciones ciudadanas y civiles para defender a Putaendo, porque esta lucha es de todas y todos, incluyendo a la gente digna del Aconcagua, de Chile y del mundo. Es una lucha por la Vida y eso a todos nos importa.
Somos una organización autónoma, autoconvocada y autofinanciada. En nuestra organización convivimos personas con diversas creencias políticas y religiosas, a los que nos une nuestra convicción de que la Gran Minería no es un proyecto escolar e inofensivo.
Ratificamos que No tenemos ninguna intención de abandonar la lucha y la única negociación posible con la Minera, es la que les muestra el camino de salida.
Agrupación Ambiental Social y Cultural Putaendo Resiste
Fuente: Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA