El abogado de las comunidades diaguitas, Lorenzo Soto, aseveró que para ello utilizarán las vías legales que correspondan, ya sea a través de los tribunales ambientales o judiciales.
El abogado representante de las comunidades diaguitas, Lorenzo Soto, valoró este viernes la multa de 16 mil UTA (cerca de $8 mil millones) que aplicó la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) a la Compañía Minera Nevada SpA – subsidiaria de la canadiense Barrick Gold – a raíz de una serie de incumplimientos ambientales en el proyecto Pascua Lama, ya que es la multa más alta que se ha cursado históricamente en el país por temas ambientales.
Sin embargo, estimó que la sanción «es insuficiente» y adelantó que «insistiremos en la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental de la iniciativa por las vías legales que correspondan, ya sea a través de los tribunales ambientales o judiciales».
Soto argumentó que un proyecto en que la propia Superintendencia determinó que hubo daño ambiental irreversible no puede mantener su RCA y «procede que sea reformulado».
El representante explicó que si bien aún están haciendo el análisis jurídico de la resolución sancionatoria de la SMA, existen dos puntos que merecen dudas y que habrá que revisar.
Primero que si procede que una sanción concentre y se haga en base a las 23 infracciones del proyecto o si debería haber sido una sanción por cada infracción constatada, lo que probablemente habría derivado en una mayor multa.
Y segundo, si es pertinente que la Superintendencia autorice obras que no han sido incorporadas en el RCA original del proyecto haciendo alusión a las obras transitorias que ordenó junto a la multa el organismo fiscalizador a la minera mientras se implementan las definitivas y en que le dio 10 días de plazo para presentar el plan de construcción de dichas obras.
En forma paralela al proceso sancionatorio de la SMA, Pascua Lama enfrenta un proceso judicial ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, que a comienzos de abril ordenó paralizar completamente las obras del proyecto tras acoger la orden de no innovar interpuesta por el abogado de las comunidades indígenas diaguitas del valle del Huasco, Lorenzo Soto.
Las comunidades acusan que la firma está afectando el derecho a la vida debido a que ha perjudicado los glaciares el Toro 1, Toro 2 y Esperanza, y contaminado los recursos hídricos de la zona.