Mexico

Opositores a mineras en Puebla piden protección al gobierno federal

Shanik David

En reunión con Jaime Martínez Veloz, solicitan garantías a sus derechos humanos y se presenten los permisos emitidos para las obras.

Medidas cautelares para garantizar los derechos humanos de los opositores a los proyectos mineros e hidroeléctricos, la presentación de los permisos municipales expedidos para el desarrollo de estas obras y mesas de trabajo con dependencias del gobierno federal son algunos de los puntos que se incluyen en el acuerdo que firmaron representantes de la Sierra Norte de Puebla con Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas.

El martes 11 de junio se llevó a cabo en Tetela de Ocampo una reunión encabezada por Martínez Veloz, en la que participaron 70 representantes de comunidades indígenas de la región norte del estado, quienes manifestaron su rechazo hacia los llamados “proyectos de muerte”. Como resultado de esta reunión se firmó un documento en el cual el funcionario federal se comprometió a llevar ante las instancias correspondientes las peticiones de los pueblos serranos.

Si bien una de las principales exigencias de los pobladores es la cancelación de las concesiones mineras e hidroeléctricas, Martínez Veloz aseguró que no está facultado para tomar este tipo de acciones, por lo que, dijo, habrá que seguir una serie de procedimientos jurídicos.

Además, se solicitó de manera urgente que las autoridades federales, por medio de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación implementen medidas cautelares en favor de los ciudadanos que rechazan este tipo de proyectos, quienes se han visto amenazados por las empresas que están detrás de éstos y hasta por las propias autoridades municipales. En especial se pidió se ponga atención a los casos de Olintla e Ixtacamaxtitlán en Puebla, y Epapa y Jalacingo en Veracruz.

Los representantes sociales también pidieron que los ayuntamientos de los municipios en los que se desarrollan estas intervenciones presenten los permisos de uso de suelo y demás autorizaciones que hayan sido expedidas.

Martínez Veloz se comprometió a gestionar reuniones de trabajo entre los representantes de los pueblos indígenas con dependencias del gobierno federal que tengan algún tipo de relación con la problemática
que se vive en la región, como son la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanat), la de Energía, la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del
Agua, entre otras.

Por su parte, Melquisedec González Juárez, director de Atención a los Pueblos Indígenas de la Semarnat indicó que la dependencia ya no organizará asambleas públicas, sino consultas indígenas que sigan los usos y costumbres de los pueblos. Para dar seguimiento a estos acuerdos, se determinó que la próxima semana se llevará a cabo un encuentro similar en Olintla, con la participación de Martínez Veloz.

El documento que se firmó este martes en Tetela es similar al que estaba planeado presentar en el encuentro que sostuvieron los representantes de los pueblos indígenas con el comisionado federal el pasado 2 de junio en Zapotitlán de Méndez, el cual fue suspendido por diferencias entre los participantes del movimiento. Germán Romero González, presidente de la asociación Tetela Hacia el Futuro, señaló que el documento se firmó de mutuo acuerdo entre los integrantes de las diferentes agrupaciones que rechazan estos proyectos, a diferencia de lo que sucedió en Zapotitlán.

Recordó que ese día todos los miembros del movimiento quisieron aportar su parte, lo cual derivó en que se presentaran tres documentos diferentes en los que se planteaban las peticiones de los pueblos serranos, por lo que se decidió suspender la firma del mismo hasta este martes.

“Es necesario agotar el diálogo antes de llegar a situaciones extremas”, aseguró el tetelense, pues mientras los representantes de los pueblos indígenas mantienen las mesas de negociación con las autoridades federales, las empresas mantienen los trabajos para instalar sus minas e hidroeléctricas pese al rechazo de la población.