La delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, se vio obligada a suspender una asamblea comunal ante las protestas de comuneros del pueblo indígena de Zacualpan que se oponen a la explotación de una mina de oro, plata, cobre y manganeso en esa comunidad.
La reunión se efectuó en el Salón de Usos Múltiples de esa población del municipio de Comala, bajo la vigilancia de agentes de las policías federal y municipal, quienes, armados, trataron de sacar del inmueble a lugareños que ingresaron con carta poder. Incluso, uno de los uniformados empujó e intentó quitar su cámara al reportero gráfico Marcos Elizarrarás Mendoza, del Diario de Colima.
Según la convocatoria, en la reunión se iba abordar la propuesta de instalar una preparatoria en la comunidad, así como el desarrollo de un proyecto del Consejo Nacional Forestal (Conafor).
Sin embargo, una vez que fue leída la orden del día, integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) exigieron incluir entre los puntos a tratar la propuesta de destituir a la directiva de Bienes Comunales –que contra la voluntad de la comunidad apoya el proyecto minero–, y votar una propuesta de rechazo definitivo a la explotación de la mina.
En medio de los reclamos de buena parte de los comuneros, y con el presidente de la directiva, Carlos Guzmán Teodoro, sentado en el presídium, la funcionaria federal consideró que no había condiciones para continuar con la asamblea y propuso cancelarla, con el compromiso de que ésta sería convocada posteriormente con los puntos exigidos por los comuneros.
Esta fue la tercera ocasión consecutiva que se canceló una asamblea comunal en Zacualpan por el motivo del proyecto minero: la primera de ellas fue el 18 de noviembre pasado, cuando no se reunió el quórum requerido, y la segunda el 1 de diciembre siguiente, cuando se tenía prevista la asistencia del promotor minero Rigoberto Verduzco Rodríguez, quien entre otras cosas iba a ofrecer la entrega de un monto económico por comunero a cambio de que autorización.
No obstante, esa vez horas antes de la hora programada se anunció la cancelación de la asamblea, debido a que el CIDTZ, con el apoyo de la organización ambientalista Bios Iguana, se había organizado para promover el rechazo a la mina, que afectaría al principal manantial que abastece de agua potable a la zona conurbada de la capital del estado.
Ante la suspensión del 1 de diciembre, en Consejo Indígena realizó en la plaza principal una asamblea general de información, de la que se emitió una declaratoria con tres puntos principales: destitución del actual Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia, rechazo total al proyecto de explotación de una mina de oro, plata, cobre y manganeso, y declarar a Zacualpan como Territorio Libre de Minería.
Los comuneros solicitaron por escrito tanto al presidente de Bienes Comunales como a la delegada de la Procuraduría Agraria, convocar a una nueva asamblea con esos puntos en la orden del día, pero nunca tuvieron respuesta.
De acuerdo con Esperanza Salazar Zenil, coordinadora general de Bios Iguana, la funcionaria “lejos de animar los buenos oficios para impulsar los procedimientos necesarios para alcanzar legalidad, se encargó de hacer ‘grillas’ para tratar de dividir a los comuneros opositores a la mina, así como acusar a Bios Iguana de tener intereses en el territorio”.
Asimismo, dijo la activista, Díaz Rivera pretende condicionar la convocatoria a que se revise y depure el padrón de comuneros, así como cambiar el régimen de propiedad comunal a régimen de propiedad ejidal.
“Estas maniobras de la delegada sólo se enmarcan en el interés particular de que las tierras de los comuneros sean accesibles legalmente a la compra venta, para favorecer a los inversionistas mineros en la región, situación que en la actualidad no es posible legalmente bajo el régimen de propiedad comunal”, indicó.
En relación con la asamblea suspendida este domingo 2 de febrero, Esperanza Salazar denunció que un día antes el presidente de Bienes Comunales, Carlos Guzmán, trató de intimidar a la población con la advertencia de que sólo se permitiría el ingreso a la asamblea a comuneros acreditados y que la delegada de la Procuraduría Agraria llevaría a la Policía Federal para detener a quienes intentaran entrar sin ser comuneros.
Sin embargo, por costumbre las asambleas anteriores habían sido de acceso libre, con derecho a voz para todos los habitantes y con derecho a voz y voto para los comuneros. Así mismo, en las horas previas a la asamblea corrió el rumor de que había denuncias penales contra integrantes de Bios Iguana.
Durante la asamblea, desde el primer momento en que los comuneros pidieron incluir como punto del orden del día la destitución de la mesa directiva, la delegada se negó, por lo que la comunera Epitacia Zamora Teodoro se levantó y le dijo a la funcionaria que ella no tenía derecho a imponer un orden del día, que la Asamblea era la que decidía.
Ante las expresiones de inconformidad, la delegada pidió a elementos de la Policía Federal que retiraran a quienes no eran comuneros, pero éstos no lo permitieron y los agentes salieron del lugar. Fue entonces cuando la funcionaria decidió suspender la asamblea.
Salazar Zenil denunció que mientras tanto, los hijos del presidente de Bienes Comunales, Carlos Guzmán, lanzaron provocaciones y amenazas contra integrantes de Bios Iguana, en el sentido de que si no se iban de la comunidad los sacarían a golpes.
De acuerdo con Esperanza Salazar, “es evidente el interés institucional de la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz, de querer imponer su voluntad personal al conjunto de comuneros de manera arbitraria, autoritaria, grosera, usar recursos públicos y el uso de la fuerza pública federal a su discrecionalidad, para intentar imponer a una comunidad indígena que goza de capacidad jurídica para tomar sus propias decisiones”.