Comunicado
Las organizaciones parte de la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas
Transfronterizas (RedCAT), ante las diferentes informaciones emitidas por la empresa
canadiense Bluestone Resources Inc. actual propietaria del proyecto minero conocido como
Cerro Blanco, localizado en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, en la
república de Guatemala; expresamos:
1. Que se trata de un proyecto minero a cielo abierto con el fin de extraer oro y plata, que
de acuerdo a los estudios realizados por la empresa, esperan obtener un total aproximado de
2,45 millones de onzas de oro y 10,3 millones de onzas de plata, lo que significa que
anualmente obtendrían aproximadamente 231,000 onzas de oro durante la vida útil de la
mina establecida para un total de 11 años, lo cual implica extraer en promedio 15.000
toneladas de roca por día.
2. Que en diferentes estudios realizado a nivel nacional e internacional, unos de los
impactos negativos de la minería metálica se observan de manera inmediata en los bienes
hídricos que se localizan en la zonas de los proyectos, principalmente por la contaminación
debido al uso de químicos como el cianuro para la separación del oro y la plata de la roca,
pero también, por la liberación de los metales pesados que se encuentran en el subsuelo.
En el caso de Cerro Blanco, la situación es aún más delicada, porque adicional al uso
extensivo del agua, este proyecto minero tiene la particularidad de estar asentado sobre un
cuerpo de agua termal, cuyas temperaturas son superiores a los 50 grados centígrados
dependiendo del nivel de profundidad del agua, la cual necesitan extraer para poder obtener
el oro y la plata. Sin embargo, hasta hoy la empresa no ha informado de que forma hará
dicho procedimiento y si efectivamente cuenta con la capacidad técnica y la tecnología
adecuada para hacerlo.
3. Que ciertamente este proyecto minero se localiza en territorio guatemalteco, pero, como
se ha demostrado técnica y científicamente, los impactos socio ambientales derivados de su
potencial explotación, afectarían en primer instancia a las y los hermanos guatemaltecos
que viven en la zona del proyecto y a los que viven en la zona sur y sur oriental del
municipio de Asunción Mita,
Asimismo, la población salvadoreña en general se vería afectada, dado que el proyecto se
localiza en la cuenca del rio Lempa.En el corto y mediano plazo, el proyecto minero impactaría negativamente en la calidad y
cantidad de agua, tanto del rio Ostua como del lago de Guija, y posteriormente, es
previsible que la contaminación llegue hasta el rio lempa, dado que el lago de Guija es
tributario del rio lempa.
4. En consecuencia, el proyecto minero Cerro Blanco se caracteriza por ser un proyecto
transfronterizo, en tanto que, ejecutándose en la república de Guatemala, afecta a la
población guatemalteca, pero también afectaría a la población salvadoreña.
Precisamente por ese carácter transfronterizo y convencidos de los daños que ocasiona la
explotación minera a la vida, es importante retomar las recomendaciones hechas, a partir de
su visita a El Salvador en el año 2016, por el Relator Especial sobre los derechos humanos
al agua potable y al saneamiento, Léo Heller en el sentido de “establecer una relación
cooperativa [con El Salvador], por medio de tratados bilaterales o trilaterales, para lograr
un manejo adecuado de las cuencas transfronterizas, afirmando el uso prioritario de agua
para el consumo humano sobre otros usos y adoptando como punto central los principios de
los derechos humanos al agua y el saneamiento”. Véase el Informe del Relator Especial
sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento acerca de su misión a El
Salvador, 3 de agosto de 2016, A/HRC/33/49/Add.1, párr. 98.
Asimismo, el 19 de julio de 2019 el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua
potable y al saneamiento, Léo Heller “Reitera que los Estados tienen la obligación de velar
por que ninguna de las actividades realizadas en su territorio prive a otro Estado de la
capacidad de asegurar que las personas en su jurisdicción ejerzan ese derecho (véase
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general núm. 15 sobre
el derecho al agua, párr. 31).
5. Por su parte La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al finalizar su
visita in loco del 2 al 4 de diciembre de 2019, por invitación del Estado de El Salvador,
emitió sus observaciones preliminares hechas públicas el 27 de diciembre de 2019, entre
sus recomendaciones en relación a la situación de las actividades económicas que afectan
las vida y que vulneran los derechos humanos de las personas plantea: “Impulsar la
negociación y adopción de un tratado en cooperación con países fronterizos para garantizar
las medidas necesarias de prevención, regulación y supervisión de un manejo integral y
sustentable de cuencas compartidas de las aguas transfronterizas adoptando como punto
central el contenido del derecho humano al agua.
A partir de lo anteriormente expuesto la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas
Transfronterizas plantea:
1. Es necesario organizarse y movilizarse en contra del proyecto minero Cerro Blanco,
detener ese proyecto minero es fundamental para el futuro de nuestros pueblos.
2. Denunciemos a nivel local, nacional e internacional las consecuencias nefastas de
los proyectos mineros transfronterizos en la vida de las personas y de la naturaleza.
3. Reiteramos nuestra demanda a los estados de Guatemala, Honduras y El Salvador
de iniciar de inmediato las negociaciones de un tratado sobre aguas transfronterizas
con perspectiva de cuenca, de sustentabilidad, que garantice el acceso al aguapotable y al saneamiento a la población de la región, y de participación real de las
comunidades, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres y pueblo en general en
la toma de las decisiones sobre proyectos que les pueden afectar en su vida.
Centroamérica, 12 de octubre de 2021
