Un conjunto de más de 100 organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de todo Brasil, entre ellos el ISA [Instituto Socioambiental] está divulgando un manifiesto contra el acuerdo firmado, recientemente, entre las empresas mineras Samarco, perteneciente a la Vale y a la BHP, gobiernos federal, de Minas Gerais y Espírito Santo sobre el desastre de Mariana (MG). El texto recuerda que las tratativas extinguen la Acción Civil Pública movida contra las empresas y critica su falta de transparencia y participación social.
Pelo acuerdo, será creada una fundación, la ser gerida por las empresas, que va negociar y prover indemnizaciones, acciones de reparación, recuperación y compensación socioambientales. «La minuta del acuerdo estimava el valor de los daños en 20 mil millones de reales, pero, según las informaciones divulgadas por la prensa, la versión actual del acuerdo implica el pago de sólo 4,4 mil millones de reales, en los primeros tres años, de forma parcelada. El montante resto, de valor ainda incerto, sería desembolsado al largo de 10 años”, destaca el documento.
«El acuerdo también viola los derechos de comunidades indígenas y tradicionales afectadas al largo de la cuenca del Río Dulce. Esas comunidades no fueron igualmente comunicadas de la existencia de esa negociación, el que, frontalmente, viola el su derecho a la consulta libre, previa, e informada, garantizado por la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, agrega el manifiesto.
El desastre ocurrió el pasado día 05 de noviembre, cuando una represa de rejeitos de minería de la Samarco rompeu-se, en Bento Rodrigues, distrito de Mariana (Estado de Minas Gerais), dejando un rastro de 19 muertos y una ola de lama y destrucción, que atravesó todo el Río Dulce, llegando al litoral del Espírito Santo.
Ver aquí el pronunciamiento en portugués
Organizaciones y movimientos de la sociedad civil repudian acuerdo firmado entre empresas mineras Samarco/Vale/BHP y los Poderes Públicos
El Comité Nacional En Defensa de los Territorios Frente la Minería y la Articulación Internacional de las Atingidas y de los Alcanzados por la Vale repudian el acuerdo firmado entre las empresas mineras Samarco, Vale y BHP y los poderes públicos federal y estaduales. El acuerdo, se homologado por el juez de la 12a Jurisdicción Federal de la Sección Judiciaria de Minas Gerais, encerra la acción civil pública que está siendo movida contra las empresas por las violaciones de derechos humanos, sociales y ambientales decorrentes del ruptura de la represa de rejeitos del Fundão, en Mariana, el día 5 de noviembre de 2015.
Este miércoles, día 2 de marzo, una ceremonia realizada en el Palacio del Planalto formalizó públicamente el acuerdo firmado entre las empresas mineras y los poderes públicos. Desde la semana pasada, el Comité y la Articulación viene monitoreando el marcha de las negociaciones de este acuerdo extrajudicial. La minuta del acuerdo fue divulgada el último día 24 por la Agencia Pública, en materia titulada «Samarco, Vale y BHP van decidir quien y como indemnizar por desastre”. Dentre las partes del acuerdo, constan Gobierno Federal, el Estado de Minas Gerais y el Estado del Espírito Santo, además de diversos órganos federales y estaduales de fiscalización, regulación y monitoreo ambientales, como el Instituto Brasilero del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), el Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM) y la Agencia Nacional de Aguas (ANA).
El acuerdo impacta severamente la población de los municipios afectados por el desastre, en Mariana y al largo de toda la cuenca del Río Dulce. Él crea una Fundación privada que confere a las empresas mineras el poder de tratar de cada violación de derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales en el varejo. La Fundación, financiada por la Samarco, Vale y BHP, irá acertar el valor de las indemnizaciones con cada un de los alcanzados, de manera aislada, y podrá contratar abogados caso los alcanzados discorden de la indemnización propuesta. Esto significa que las empresas responsables por el desastre y por las violaciones de derechos humanos dele decorrentes proponen y negocian un valor de indemnización. Se no for aceito por los alcanzados e indirectamente impactados, estos pueden se utilizar de abogados custeados por la propia Fundación para procesar ella misma. Ese mecanismo viola frontalmente las garantías del debido proceso legal.
Ese es sólo un de los mecanismos perversos que este acuerdo pretende implementar, el cual no contó con la presencia de alcanzados o de movimientos sociales en su elaboración. Fue feito totalmente a las escuras, y su divulgación sólo vino a la tona con materia realizada por la Agencia Pública. Este acuerdo es una afrenta la los derechos de todas las personas que sufren con los efectos de este desastre en sus vidas. Y la idea de que todo pueda ser ‘resuelto’ la puertas fechadas entre las empresas y el poder público es una afrenta a la colectividad. La extinción de la acción civil pública mediante de un acuerdo de ese tipo convén sólo a las empresas, pues firmado el acuerdo y homologado no existe recurso que pueda desfaze-lo. Y con las partes autoras implicadas en el acuerdo, no hay como recurrir.
El acuerdo también viola los derechos de comunidades indígenas y tradicionales afectadas al largo de la cuenca del Río Dulce. Esas comunidades no fueron igualmente comunicadas de la existencia de esta negociación, el que frontalmente viola el su derecho a la consulta libre, previa, e informada, garantizado por la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los programas ejecutados por la Fundación serían fiscalizados por un Comité Interfederativo, compuesto por representantes del poderes ejecutivos estaduales y federal. de lel análisis de la minuta divulgada por la prensa, se depreende que este Comité ejerce dos papeles: un relacionado al apoyo y definición de las atuaciones de la Fundación en la elaboración y ejecución de los programas, y otro relacionado a la fiscalización de la ejecución de estos mismos programas. Hay, sin embargo, el temor de que la independencia de actuación de órganos de regulación y fiscalización, como el Ibama, el DNPN, la ANA, así como órganos estaduales del Espírito Santo y Minas Gerais, sea constrangida por los términos del acuerdo.
La minuta del acuerdo divulgada en la miércoles estimava el valor de los daños en 20 mil millones de reales, pero, según las informaciones divulgadas por la prensa el último viernes, la versión actual del acuerdo implica el pago de sólo 4,4 mil millones de reales en los primeros tres años, de forma parcelada. El montante resto, de valor ainda incerto, sería desembolsado al largo de diez años.
Según informaciones repasadas por la Asesoría de Prensa de la Advocacia General de la Unión al Comité en Defensa de los Territorios Frente a la Minería, la minuta divulgada por la Agencia Pública estaría defasada en relación a las negociones más recientes, pero la falta de transparencia y de rendición de cuentas por parte de los gobiernos federal y estaduales y de los órganos públicos implicados fue tamanha durante todo este proceso, que los movimientos y organizaciones de la sociedad civil siquiera tuvieron acceso la los términos actualizados de este acuerdo. O sea, una negociación que impacta la vida de millones de personas al largo de toda la cuenca del Río Dulce correu, hasta el fin, completamente blindada y sin ningún diálogo con las víctimas.
El mundo entero testemunhó la vida de miles de personas siendo devastadas por esas empresas. Con la firma de este acuerdo, la violación de derechos humanos, sociales, económicos y ambientales torna-se ahora un gran negocio.
Los derechos humanos son inegociables, nuestra vida y nuestra naturaleza no están a la venta!