08 de Enero 2012La directora ejecutiva de la ONG Asociación para la Conservación de la Naturaleza (ANCÓN), Alida Spadafora, calificó hoy de “inconstitucional” la intervención de Corea del Sur en la explotación minera en Panamá.
En declaraciones a la radioemisora local RPC Radio, Spadafora subrayó que la constitución panameña prohíbe la intervención de Estados extranjeros en asuntos internos del país y aclaró que ningún contrato está por encima de los intereses nacionales. La dirigente ambientalista señaló que grupos económicos se habrían aprovechado de un “limbo jurídico” minero tras la derogación de la polémica Ley 8, conocida como “Ley Chorizo”, para invitar a Corea del Sur a explotar ricos yacimientos cupríferos en Panamá.
El pronunciamiento de la dirigente de ANCÓN se produce luego de que un consorcio de Corea del Sur, encabezado por la estatal Korea Resources Corporation, anunciara que tendrá a su cargo una mina de cobre en Panamá a partir del primer semestre de este año.
La estatal Korea y LS-Nikko Cobre Inc., una empresa privada de fundición y refinado de cobre también surcoreana, poseen una participación combinada del 20 por ciento en el proyecto minero durante 30 años. Según las previsiones surcoreanas, la mina en Panamá producirá más de 2.140 millones de toneladas de cobre y molibdeno, dos minerales metálicos de gran demanda internacional.
En junio de 2010, el banco estatal de Corea del Sur Eximbank acordó con la canadiense Inmet y un consorcio surcoreano el desarrollo del proyecto Cobre Panamá, en la caribeña provincia de Colón, que fue aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).
Al respecto, Spadafora calificó el problema de “delicado y muy complejo”, y apuntó que genera preocupación de ambientalistas opuestos a la explotación de la minería a cielo abierto y al aumento de amenazas externas de contaminación en el frágil ecosistema panameño. “Ustedes se pueden imaginar, cuando hay un problema, una multa y una exigencia que tenga que cumplir, va a haber un gobierno (Corea del Sur) que va a intervenir automáticamente cuando esto ocurra”, subrayó la directora ejecutiva de ANCÓN.
Indicó además que en el historial de explotación minera en Latinoamérica hay evidencias contundentes de la pérdida de selvas, contaminación de ríos, conflictos, alcoholismo, prostitución y alteraciones drásticas en el modo de vida de los pueblos indígenas. Spadafora recordó que en 2008 la ANAM multó a la minera Petaquilla Gold con 1,9 millones de dólares, por los perjuicios ambientales y la violación de normas, pero en octubre de 2011 la Corte Suprema de Justicia liberó a la empresa del pago de sanciones. En 2011, activistas de ANCÓN, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), la Fundación Panamá Sostenible, la Fundación Almanaque Azul y Human Rights Everywhere (HREV) presentaron un proyecto de ley de moratoria de la minería a cielo abierto, que no ha sido acogida por el gobierno panameño.