La Policía Nacional ejecutó la segunda fase de la Operación Dorado, encaminada a combatir los complejos de explotación aurífera ilegal en el departamento de Córdoba, donde fueron capturadas 16 personas y decomisadas 21 retroexcavadoras en las últimas 72 horas.
Un total de 400 efectivos de los Escuadrones Móviles de Carabineros y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) ocuparon otros 20 puntos de minería ilegal en la zona rural de Ayapel, en el Bajo Cauca, donde se registra un deterioro considerable del ecosistema y la calidad de vida de los habitantes, por el uso indebido de mercurio y otras sustancias contaminantes.
La operación se llevó a cabo en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Presidente Juan Manuel Santos para erradicar la minería ilegal en la región y afectar las finanzas de los grupos al margen de la ley que fomentan la violencia con los recursos derivados de esta actividad.
La ofensiva contra la minería ilegal, liderada por la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe, junto con el Director de la Policía Nacional, mayor general Óscar Naranjo Trujillo, también permitió desde el pasado fin de semana la inmovilización de un buldózer y dos dragas, así como la incautación de 1.600 galones de combustible y 102 libras de mercurio.
Desde el pasado 11 de septiembre, cuando se iniciaron los operativos, la Policía Nacional ha sellado 40 minas ilegales en Córdoba, a la vez que ha hecho efectiva la detención de 46 personas en flagrancia por los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y contaminación ambiental.
A ello se suma la inmovilización de 55 retroexcavadoras utilizadas en los trabajos de extracción de oro. La Policía Judicial avanza en la individualización de los inversionistas que importan la maquinaria trasladada a las minas, así como de quienes patrocinan el pago de nómina de los operarios y continúan con las labores de extracción, a sabiendas de su ilegalidad.
Esta actividad comenzó con la expropiación forzada de tierras promovida por las desaparecidas autodefensas. Las autoridades han comprobado la existencia de vínculos de la minería ilegal con cabecillas de las bandas criminales en el Bajo Cauca, por quienes la Policía ofrece hasta 500 millones de pesos de recompensa.