El 12 de enero del 2019, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la empresa Shougang paralizar de forma inmediata el transporte y almacenamiento de mineral y el almacenamiento de concentrado que se viene realizando en las instalaciones de la nueva planta de Shougang ubicado en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica.
Ello, debido a que el OEFA, durante acciones de supervisión, detectó fugas de material particulado proveniente del stock de crudos y stock de concentrado de hierro de la planta Marcona. Actualmente no existen medidas de manejo ambiental que impidan y controlen la dispersión de partículas. En este caso en particular, dichas partículas se están dirigiendo, por acción del viento, hacia la bahía San Nicolás.
En ese sentido, el OEFA ha exigido a la empresa Shougang que presente un calendario para la rehabilitación de la zona en un plazo de 5 días. Si no cumplen las medidas impuestas, el OEFA, señala en su comunicado, tomará medidas administrativas, civiles y penales.
Desde Red Muqui señalamos que es fundamental que exista una institucionalidad sólida en materia ambiental, con funciones bien definidas y suficiente presupuesto para que pueda ejercer su rol fiscalizador y sancionador de manera independiente. Consideramos que aún es frágil en ese sentido el rol que cumple OEFA, que debe ser respaldado por el gobierno central, para evitar las presiones de las empresas mineras en la aplicación de las sanciones correspondientes.
Procesos como el de la agenda minera 2030 que discute el Grupo de Alto Nivel (GAN) con empresas mineras, entidades del Estado y con algunas instituciones de sociedad civil; visualizan una minería con más facilidades y menos exigencias para realizarse donde hay mayores riesgos ambientales o rechazo de la población. Lo que sólo puede generar antes que soluciones; mayores conflictos, porque son las empresas las que toman las decisiones y luego las imponen ante un Estado sumiso a dichos intereses.
En diciembre del 2018, varias organizaciones civiles latinoamericanas, entre ellas Red Muqui y CooperAcción, como parte del proceso del Examen Periódico Universal (EPU) que correspondió a China; denunciaron los abusos de las empresas del país asiático ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Específicamente las empresas mineras chinas, que disponen el 32% de las inversiones en minería en el Perú, han sido acusadas por cometer abusos ambientales. Empresas como Shougang Corporation, Chinalco (Ica), MMG (Apurímac), Shouxin, Nanjinzhao Group Co Jiangxi Copper, Junefield Group, Zijin Mining Group (Piura), Toromocho (Junín) y otras más; son acusadas de haber violado los derechos humanos, ambientales y laborales en los lugares donde desarrollan sus actividades.
Antecedentes
No es la primera vez que la empresa minera Shougang es acusada por violencia de los derechos humanos. Últimamente, en el 2017,la acusaron por negar el derecho de los trabajadores y de su organización sindical a la negociación colectiva.