Newsroom Infobae 18/12/2024
Lima, 18 dic (EFE).- La minería ilegal en Perú tiene contactos y relaciones políticas en el Congreso, que apuntan a «fortalecerse» en los próximos años, e incluso le está disputando territorio a la gran minería formal en el país, según ha denunciado este miércoles el Observatorio de Conflictos Mineros.
«Es un sector que tiene contactos y relaciones políticas en el Congreso y todo indica que va a fortalecerse», ha declarado el investigador de la organización CooperAcción, José de Echave, durante la presentación del informe número 35 del Observatorio de Conflictos Mineros.
Ha añadido que, paradójicamente, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) «ha permitido la incorporación de mineros ilegales», al convertirse en «una ventana que ha permitido que se inscriban».
Esa situación se debe a que el Reinfo abre un largo proceso de formalización que les permite seguir con sus actividades extractivas.
De Echave ha afirmado que «es evidente que el avance de este tipo de minería es fuente importante de conflictividad social» e incluso está «disputándole territorio a la gran minería».
En tal sentido, ha recordado los conflictos sociales y actos de violencia en las regiones de Amazonía, Cajamarca, Pataz, así como las provincias altas de Cuzco y Apurímac, con alta presencia de lavaderos de oro.
Además, De Echave ha denunciado la «trágica» lista de defensores medioambientales asesinados, en torno a las 40 víctimas, por enfrentarse a las mafias de tala, narcotráfico y minería ilegal.
A su vez, la abogada de la organización Grufides y ex primera ministra, Mirtha Vásquez, ha dicho que «el Estado no está invirtiendo en hacer un diagnóstico sobre la escasez del recurso hídrico» en regiones como la norteña Cajamarca, donde la minera Yanacocha produce el 12 % del oro del país.
Esta región ha pasado, en el último semestre, con «el nivel de escasez de agua nunca antes visto», al punto que «la municipalidad ha tenido que abastecer con cisternas a la ciudad de Cajamarca».
Vásquez ha atribuido la escasez de agua en esa región a la actividad minera de Yanacocha, dado que está localizada en una cabecera de cuenca y tiene que bombear agua para que se pueda captar este recurso en la planta de tratamiento de la ciudad.
La abogada ha indicado que con la ampliación del plazo del Reinfo, la Fiscalía no va a poder frenar este tipo de actividades y los mineros ilegales «empiezan a generar una dinámica de mucho ataque contra los defensores ambientales y rondas (vigilantes) campesinas» en varios sectores de Cajamarca.
Por su parte, el director de la organización Fedepaz, David Velazco, ha recordado los casos de dirigentes y manifestantes procesados y sentenciados por haberse opuesto a proyectos mineros en Arequipa, Piura y Apurímac en los últimos años.
Velazco ha manifestado que «no existe ni una sola prueba» que acredite la acción penal contra dos dirigentes condenados por las protestas contra el proyecto minero Tía María, de la empresa mexicana Southern Copper.
«Se intenta hacer escarnio en los dirigentes y que se eviten» otras acciones de protesta, ha comentado el representante de Fedepaz.
Ha agregado que también hay once manifestantes condenados por las protestas contra el yacimiento cuprífero de Las Bambas, en Apurímac, con ausencia de pruebas y sentenciados presuntamente por «motivación de tipo político y no jurídico».
Igualmente, Velazco ha mencionado que, desde hace 15 años, existen 54 personas procesadas por haberse opuesto al proyecto Rio Blanco en Piura.
«Estos son un claro ejemplo de cómo hay una absoluta precariedad para que estas personas desarrollen su actividad de defensa» del medioambiente, ha expresado.EFE
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