22 de diciembre del 2010
José De Echave C. | Globalización con Equidad
Esta semana se presentó el sexto informe del Observatorio de Conflictos Mineros elaborado por las instituciones Grufides, Fedepaz y CooperAcción. Si bien el informe prioriza las regiones de Cajamarca, Piura, Junín, Apurímac y Cusco, también presenta las tendencias nacionales.
En este informe se señala con preocupación no solamente la manera cómo se reproducen los conflictos sino también cómo aumenta su intensidad. También es una constante ver a un Estado que carece de capacidades y voluntad política para afrontarlos y que reacciona sólo cuando se produce la fase de escalada o estallido social.
El informe destaca como una de las variables a considerar, el aumento de las concesiones mineras. Las cifras muestran que a noviembre, las concesiones han superado los 21 millones 282 mil hectáreas y que en apenas un año han aumentado en 1 millón 709 mil hectáreas. Las regiones que concentran el mayor número de concesiones son Arequipa, Puno, Cajamarca, Áncash, La Libertad, Ayacucho, Lima, Cusco y Apurímac.
Esta dimensión territorial de la minería es uno de los factores que está en la base de varios conflictos. Si bien no se puede afirmar que una concesión signifique que de todas maneras un proyecto se vaya a desarrollar, preocupa la manera caótica y acelerada como se vienen entregando. Casos recientes de conflictos plantean la necesidad de realizar ajustes.
El trabajo realizado por estas instituciones no solamente observa los conflictos, también propone iniciativas para transformarlos. ¿Las pistas? Incorporar evaluaciones mínimas antes de la entrega de las concesiones y fortalecer las evaluaciones previas a las autorizaciones de exploraciones; fortalecer la presencia del Estado, con institucionalidad adecuada, capacidades y nuevas herramientas; por ejemplo el Ministerio del Ambiente y la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) deberían contar con facultades para la evaluación y fiscalización ambiental en minería. También se propone ordenar el uso del territorio nacional; mejorar los estándares ambientales y los procesos de participación ciudadana y dotarnos finalmente del instrumento de consulta previa, libre e informada.
Estos temas no son exclusivos del Perú como algunos piensan. Los conflictos vinculados a la minería están presentes en casi todo el planeta y vienen provocando iniciativas que se traducen en políticas públicas. El escenario electoral en el Perú debería ser una oportunidad para abordar estos temas e intentar canalizar los conflictos por vías institucionales y democráticas. Ojalá que así sea.