Asesinatos y violencia: el alto costo de las concesiones mineras en el estado de Oaxaca, por eso, dice Abighail Vázquez, “queremos que la mina se vaya”.
San José del Progreso, Oaxaca. En su sala, en San José del Progreso, Abigahil Vásquez Sánchez ha instalado una docena de pequeñas cabinas telefónicas, usadas por residentes del pueblo que no cuentan con teléfono propio. Fuera de las ventanas, por encima de los teléfonos, la calle bordeada por árboles en la que vive, conduce a los campos que se asientan a los pies de colinas coronadas por nubes. San José, en el borde de un valle y a una hora al sur de la capital de Oaxaca, es un poblado bonito.
Pero este entorno aparentemente pacífico es engañoso. Desde que una mina comenzó a operar en la zona, los residentes que pasan por la calles se miran unos a otros con desconfianza. El miedo también es palpable en la casa de Vásquez. Una noche, en marzo pasado, sus temores se hicieron realidad. Se recuerda en su hogar esperando a su hermano, quien regresaría del aeropuerto de Oaxaca:
“Nos llamó a las seis de la tarde. Le pedí que nos esperara en el aeropuerto, porque había gente que lo estaba buscando. El día anterior, un extraño había estado preguntando por él, y esa noche una mujer llegó para hacer una llamada telefónica. No nos dimos cuenta de lo que estaba por pasar, que ella únicamente estaba tratando de averiguar cuándo regresaría él de Oaxaca.
“En todos los cruces de la carretera había gente que esperaba verlo pasar. Después de detenerse en una gasolinera, vio que un coche lo seguía. Luego había otro coche junto a él. Pensó que podría ser uno de los conductores de taxis de nuestro pueblo, pero no era así. Cuando el coche se detuvo junto a él, ellos comenzaron a disparar. Los disparos le dieron en la espalda y lo desviaron fuera del camino hacia el cruce a Santa Lucía, donde cayó sobre el volante. Mi primo estaba sentado junto a él, y recibió un disparo en la pierna”, relata Abigahil Vásquez
Jaime Vásquez Valencia, un conductor de taxi que pasaba por el lugar, se detuvo a ayudar. Colocó a Vásquez, su hermano herido y su primo en su taxi y se dirigió a la ciudad más cercana. Sin embargo, cuando llegaron Bernardo Vásquez ya estaba muerto. Los paramédicos llevaron a sus dos compañeros heridos al Hospital de Especialidades en San Bartolo Coyotepec.
“El asesinato fue planeado. Sabíamos que le molestaba a la mina, pues estaba recibiendo un buen número de amenazas. Casi no hablaba de eso, pero me dijo: ‘Sé que voy a morir, porque a la mina no le gusta lo que estoy haciendo’. La mayoría de amenazas llegaron por teléfono. Decían, ‘sabes, Bernardo, vas a morir’. Una amenaza escrita en la pared del vertedero que se encuentra debajo de la presa decía ‘Tu fin ha llegado’. Folletos aparecían en la ciudad con la leyenda “El fin de Bernardo Vásquez ha llegado”. Cuando le decíamos que tuviera cuidado, decía: ‘tengo que quedarme aquí. Si mi muerte se acerca, la acepto’. Él vino a ayudar a que la gente despertara, y gracias a su valentía, mucha gente lo siguió”, recuerda Abigahil.
Abigahil Vásquez Sánchez es la hermana de Bernardo Vásquez, asesinado en marzo. La oficina del grupo que resiste a la mina está en su casa.
La guerra civil en San José del Progreso comenzó cuando Fortuna Silver, una empresa dirigida por ingenieros de minas peruanos y respaldados por inversionistas canadienses, decidió abrir una mina moderna en una zona donde la pequeña prospección había tenido lugar durante muchos años. Sin embargo, lo que visualizaron la compañía y su subsidiaria mexicana, Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., estaba lejos de ser una operación pequeña. En 2006 el Gobierno Federal otorgó a la empresa una concesión que abarca 58 mil hectáreas de tierra (143 mil 321 acres o 223 millas cuadradas). En su página web, la empresa se refiere a esta área como “brownfields“, es decir, un terreno industrial contaminado. Hoy, la empresa excava y aplasta mil 500 toneladas de roca por día, extrayendo oro y plata mediante procesos de lixiviación de químicos.
Los residentes de San José son agricultores zapotecos, y hablan una lengua indígena que tiene siglos de antigüedad. La comunidad de agricultores constituye un ejido, una asociación protegida por las leyes de México concernientes a la reforma agraria. El proyecto minero abrió una brecha profunda entre los residentes de la ciudad en un momento en que muchas comunidades de Oaxaca fueron divididas por los diferentes partidos políticos.
Las autoridades políticas del poblado son del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Este partido gobernó Oaxaca durante setenta años. Su último gobernador, Ulises Ruiz, sofocó con violencia masiva un levantamiento que surgió a partir de una huelga de maestros en 2006. Cuando los habitantes del pueblo empezaron a cuestionar el proyecto minero, el presidente municipal Venancio Oscar Martínez Rivera se refirió despectivamente a ellos como “simpatizantes de la APPO”, en referencia a la organización que luchó contra el gobernador en las calles de la ciudad de Oaxaca.
Christina Pagano, portavoz de Fortuna Silver, afirmó: “La empresa obtuvo autorización para usar las tierras del ejido de San José del Progreso a través de dos reuniones públicas celebradas por los miembros del ejido en 2006 y 2007″. Pero Abigahil Vásquez dice que pasó tiempo antes de que los pobladores del lugarse dieran cuenta de lo que se estaba planeando.
“En las reuniones del pueblo, Amadeo Alejo Vásquez Rosario ,el presidente municipal anterior, nunca dijo a la gente lo que estaba haciendo. Sólo dijo que estaba dando un permiso para un vertedero de basura. Al final nos dimos cuenta de que el vertedero era en realidad una concesión minera. Para ese entonces, algunas personas ya habían accedido a vender sus tierras ejidales”.
Su hermano Bernardo, quien había estado trabajando en Petaluma, California, se enteró de la creciente disputa, y regresó a San José para apoyar la lucha contra la mina. Los opositores a la mina organizaron la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO). El 14 de marzo de 2009 sus miembros bloquearon la carretera que conduce a la mina, exigiendo que el gobierno cancelara la concesión, pues contaminaría el medio ambiente con cianuro, mercurio y metales pesados.
Abigahil Vásquez recuerda una reunión de los miembros del ejido llevada a cabo el 5 de abril, durante el bloqueo.
“Los ejidatarios fueron convocados a la reunión por Quintín Vásquez Rosario, el comisionado de la tierra. Cuando llegaron las puertas estaban cerradas y se les pidió que firmaran hojas de papel en blanco. Cuando los ejidatarios empezaron a protestar, simplemente se les dijo que firmaran. En la puerta se recogieron las hojas con las firmas, y se inspeccionaron sus documentos de afiliación.
La gente creyó que las autoridades ya habían alcanzado un acuerdo, cediendo sus derechos a la mina. Cuando pidieron una explicación, el presidente municipal sacó su arma. Comenzó a disparar y la gente corrió hacia la escuela. Afortunadamente no hirió a nadie, pero algunos fueron golpeados por miembros de la familia del comisionado y el presidente municipal. Al final, el comisionado tuvo que renunciar a su puesto, pero después supimos que todavía estaba firmando acuerdos”, dice Abigahil Vásquez
Fortuna Silver pudo comenzar la extracción en San José debido a los cambios en la política de desarrollo económico de México que datan de la década de 1980, cuando el gobierno comenzó a abrir las puertas a la inversión extranjera para la extracción de recursos, incluso a costa de la destrucción del medio ambiente y la represión de los movimientos populares. Ésta es una política compartida por el viejo partido gobernante, el PRI, y el partido que ha gobernado durante los últimos 12 años, el Partido Acción Nacional (PAN).
En 1992 el presidente priista Carlos Salinas de Gortari, modificó la ley minera del país. La nueva ley de minería establecía que cualquier recurso potencial debía ser utilizado, privilegiando la extracción de minerales por encima de cualquier otro uso. Un año después, justo después de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el límite de la inversión extranjera permitida en industrias “estratégicas” (como la minería) fue eliminado. Los sucesores de Salinas, Ernesto Zedillo, del PRI, y Vicente Fox, del PAN, aumentaron el número de concesiones y eliminaron los impuestos sobre las operaciones mineras.
Según Carlos Fernández-Vega, columnista de La Jornada, la tierra otorgada mediante concesiones alcanzó 25 millones de hectáreas para el final del mandato de Fox, en 2006, y se duplicó a 51 millones en los primeros cuatro años de gobierno de su sucesor Felipe Calderón. A cambio de 4 millones de hectáreas concesionadas, el gobierno mexicano recibió únicamente 20 millones de dólares.
“Los concesionarios pueden exigir que las tierras ocupadas por un pueblo sean abandonadas para llevar a cabo sus actividades”, escriben los académicos mexicanos Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat Eslava Galicia en un estudio denominado Minerales o la vida. “Si una tierra se utiliza para cultivar alimentos, eso debe terminar para que una mina pueda ser desarrollada. Los bosques y desiertos corren el mismo riesgo”. Las minas pueden ocupar las tierras habitadas por los pueblos indígenas, como los residentes de San José, en violación del Convenio ILO 169, el cual protege los derechos indígenas. Los municipios ni siquiera pueden cobrar cuotas para ser compensados por el uso o la destrucción de sus recursos.
Este modelo económico podría haber cambiado en las últimas elecciones en México, en julio pasado, si hubiera ganado un partido que estuviera comprometido con la protección de los derechos sociales, aún si el costo fuese la inversión extranjera. En cambio, las campañas electorales de los dos partidos conservadores estuvieron patrocinadas por contribuciones de enormes corporativos y, al final, el PRI regresó al poder. La política de desarrollo económico que ha compartido con su rival, el PAN, no va a cambiar, y como la minería y el desarrollo económico se rigen por las leyes y políticas federales, los conflictos en las comunidades rurales como San José del Progreso se extenderán aún más.
La historia del PRI de suprimir el disenso se hizo evidente en mayo de 2009, cuando el gobernador Ulises Ruiz ordenó a la policía estatal terminar con el bloqueo de la mina de plata Fortuna, utilizando perros, armas de fuego, gases lacrimógenos y un helicóptero. Dieciocho fueron detenidos, entre ellos Bernardo Vásquez.
Para entonces, la campaña electoral para gobernador del estado se estaba calentando. Gabino Cué, el ex alcalde de la ciudad de Oaxaca, competía contra el PRI. Opositores de la mina San José lo apoyaron. El 18 de junio, un grupo que regresaba de un mitin electoral encontró al presidente municipal, Oscar Venancio Martínez Rivera, extrayendo una carga de grava del ejido en camiones de carga, supuestamente para la construcción de carreteras. Se desató entonces una pelea, en la que Martínez y Félix Misael Hernández, director de salud, fueron baleados y asesinados.
Bernardo Vázquez fue arrestado junto con otras ocho personas. Un cura local, que también se opone a las minas, Martín Octavio García Ortiz, fue secuestrado por los partidarios del PRI, quienes los golpearon, los torturaron y después los entregaron a la policía. Tiempo después, García fue obligado a dejar San José. El sacerdote dijo que sus agresores pertenecen a una organización que se creó para apoyar la construcción de la mina “San José Defendiendo Nuestros Derechos”. Cuatro días más tarde, la compañía minera Cuzcatlán anunció que había ganado siete concesiones adicionales, que sumaron en total 34 mil 10 hectáreas, algunas hasta por 50 años.
El primero de julio del 2010, Gabino Cue fue elegido gobernador, derrotando al PRI. Vásquez fue liberado en septiembre, cuando el promotor de justicia anunció que no había evidencias en contra de él. Vásquez, entonces, llamó a elecciones municipales en San José, diciendo: “Ya hemos pasado de la etapa de confrontación, y ahora debemos construir un puente de reconciliación”. En diciembre, sin embargo, el candidato del PRI Alberto Mauro Sánchez lo derrotó, por 1359 a 1216 votos.
El año siguiente, 2010, se dio inicio a la construcción de la mina, con un costo de 55 millones de dólares. En 2011, su primer año de funcionamiento, produjo 490,555 libras (13.907 Kg) de plata y 4,622 libras (131 Kg) de oro, a un costo de 4,51 dólares por libra de plata. Calculando según el precio de esos metales en el mercado actualmente – algo en torno de 30,85 dólares por libra, y 1660 dólares por libra de oro – la producción de plata del primer año agregó el valor de 15,13 millones de dólares. De acuerdo con la página web de Fortuna, “en 2012, San José espera producir 1,7 millón de libras (48 mil 194 Kg) de plata y 15 mil libras (425 Kg) de oro”.
La página dice que los proyectos de los colaboradores de Fortuna incluyen un centro de salud, una cancha deportiva y guardería, becas escolares, además de “mejorías a cocinas y construcción de baños ecológicos”. Bernardo Vásquez declaró al periodista canadienseDawnPaley, no obstante, que “ellos solo hicieron esas cosas para comprar a la gente, nada nunca funcionó, entonces la gente sigue cocinando a la manera tradicional… es como un paquete que ellos aplican en cada país y piensan que la gente va a reaccionar del mismo modo en todos lados”.
En mayo del 2011 representantes de diez pueblos pidieron al gobierno nuevamente que cancelara las concesiones, diciendo que estaban desechando cianuro y mercurio. “Esos proyectos de minería no representan desarrollo”, acusó Vásquez, “y en lugar de eso, han causado serios daños al medio ambiente y a nuestro tejido social”. El conflicto se intensificó tanto que los taxistas con permiso oficial, aliados al PRI, se han rehusado a atender a pasajeros que pertenecen al CPUVO. Cuando los opositores a la mina organizaron su propia cooperativa de taxis, el estado no les quiso otorgar los permisos. La policía llegó para impedir a los nuevos taxis de seguir operando, y en el siguiente tumulto dos patrullas y dos taxis fueron destruidos. Hoy, en el centro de San José del Progreso, los taxis rojos y blancos, oficiales, se paran en frente de la iglesia, mientras los conductores extra-oficiales aparcan sus pequeños three-wheelers azules cerca del mercado.
Finalmente, el 18 de enero de este año, la violencia se volvió terror. Opositores de la mina acusan al presidente municipal, Alberto Mauro, de haber empezado a instalar un tubo desde la presa y del reservatorio que contenía el agua para irrigación y uso doméstico, desviándola para la mina. Fortuna lo niega, y dice que su agua proviene de colecta pluvial y de la recuperación del agua de una estación de tratamiento de aguas residuales, en la ciudad vecina de Ocotlán.
“Estaba trabajando en la casa cuando escuché alguien que nos llamaba a ir a la iglesia para apoyar nuestros compañeros. Estábamos preocupados de que si dejaran pasar la tubería, ella nos dejaría completamente sin agua. También estábamos preocupados de que llegaran a enviar hombres armados o matones. Cuando llegamos allá, el hermano de Alberto Mauro dijo que quería conversar con Bernardo [Vásquez] y Rosalinda, que no estaban. Esos hombres habían sacado sus armas cuando una mujer gritó que no lo hicieron porque Bernardo ya llegaría. Pero aquél Bernardo era Bernardo Méndez, no Bernardo Vásquez. Él vive en un pequeño callejón, y fue allá dónde lo agarraron. Nunca le dieron chance de salir a la calle. Le metieron ocho balazos.
“La persona que le tiró, Albindo, no es del pueblo. Pero, una vez que empezó a tirar, todos los otros lo hicieron también – uno de los miembros del consejo, los hermanos de Mauro, los hijos del fideicomisario, incluso el que era entonces jefe de policía – un chavo que sólo tenía 18 años. Me tiró un balazo disparado por una señora que vive en el pueblo. La bala todavía está en mi pierna derecha, cerca de mi rodilla. El doctor no quiere sacarla porque dice que, si lo hace, pierdo toda mi pierna.
“No estábamos armados. No teníamos nada. Llevamos Bernardo Méndez al hospital de especialidades, pero no lo querían admitir hasta que mi hermano hablara con el secretario de gobierno. Pero Bernardo Méndez solo aguantó dos días, y entonces falleció”, relata Abigahil
Bernardo Vásquez exigió que el gobierno local fuera disuelto y que Alberto Mauro Sánchez fuera impedido como presidente municipal, diciendo que “él ordenó que la policía municipal tirara al pueblo”. Algunos días después, el promotor de justicia del estado demandó a Gabriel Martínez Vásquez por homicidio. Albindo Gómez Rodríguez no fue arrestado hasta abril, un mes después que el mismo Bernardo Vásquez fue asesinado mientras regresaba a su casa de un viaje a la Ciudad de México, dónde había ido buscar apoyo internacional.
Los representantes de CPOVU, Jorge Sánchez y Eustasio Vásquez, dijeron que el asesinato de Vásquez fue trabajo de las “guardias blancas”, o paramilitares, financiados por la compañía. “Ya los vimos dar dinero a la gente de la comunidad que está en contra de nosotros, un grupo llamado ‘Defendiendo Nuestros Derechos’. Estas personas son las que ahora tienen coches, cuando antes no tenían nada”. El CEO de Fortuna, Jorge Ganoza, declaró a los medios canadienses: “Nosotros, como una compañía, y nuestro equipo en Oaxaca, estamos muy entristecidos por esos continuos y sin sentido actos de violencia en el pueblo de San José, relacionados a una larga lucha política por el poder local. Esto no está de ninguna manera relacionado a nuestras actividades o nuestro equipo de trabajo”.
El agente de relaciones públicas de Fortuna, Pagano, agrega: “La compañía ha soportado diversas iniciativas de desarrollo sacadas adelante por la ‘Asociación Civil San José Protegiendo Nuestros Derechos’. Este grupo comunitario está compuesto de una amplia gama de miembros de la comunidad que se reunieron para organizar diversos proyectos de desarrollo”. Ella dice que Fortuna Silvar no provee el grupo de fondos, solo de materiales y de asistencia técnica.
Pero ella también añade que “ La compañía firma acuerdos anuales con la municipalidad de San José del Progreso para financiar diversos proyectos de infraestructura, que son presentados a la comunidad para su aprobación en una asamblea popular abierta todos los años”. Independientemente de que tan abierta sea la asamblea a los opositores de la mina, la misma municipalidad es controlada por Alberto Mauro Sánchez y la jerarquía priísta.
Tras el asesinato de Bernardo Vásquez, un artículo en un periódico de Oaxaca lo acusó de firmar un acuerdo en febrero, alegando que él habría recibido 16 millones de pesos por proyectos de empleos, educación y salud. La presunta firma era de Alberto Mauro Sánchez Muñoz. Avigahil Vásquez dijo que la nota era una desinformación. “Ocho días después de su asesinato, decían que su propio pueblo lo habían matado, porque él los vendió a la mina por 20 millones de dólares. Fue ridículo. No es verdad que ha sido muerto solo por una pelea dentro del pueblo. Vivíamos una vida normal antes de que llegara esta mina”.
Empero, la violencia no se detuvo. El líder de CPUVO, Leovigildo Vásquez Sánchez, dijo que policías armados y guardias de la mina manejan por las calles de San José en la noche para intimidar a sus habitantes. La compañía, él acusa “es la que está financiando esto, son los que suministran el dinero que compra las camionetas y las armas que normalmente sólo las tiene el ejército”.
Después de un corto bloqueo a la entrada de la mina pasado mayo, en la noche del 16 de julio dos opositores de la mina, Guadalupe Vásquez Ruiz y Bertín Vásquez Ruiz, fueron baleados por hombres armados afuera de la iglesia católica. Guadalupe Vásquez Ruiz quedó herida en su pierna, y Bertín Vásquez Ruiz fue herido en el estómago. Fueron llevados al hospital en Oaxaca, donde Bertín Vásquez Ruiz sobrevivió por semanas con el auxilio de respiradores. Ellos nombraron a Aarón Pérez Vásquez, asistente al director de obras públicas, como uno de sus asaltantes. Una nota de prensa emitida posteriormente por el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de la Tierra y por oficiales del pueblo de Capulalpam de Méndez [que también está en resistencia a una mina] nombró a dos personas más como responsables por la agresión, un presunto empleado de la mina y otro funcionario del presidente municipal. Finalmente, en octubre, dos personas fueron encarceladas por matar a Bernardo Vásquez.& lt;/p>
Sin embargo, Abigahil Vásquez no cree que las divisiones pudieran disiparse, mismo en el caso de que la mina encerrara su producción. Dice: “Lo primero que tiene que suceder aquí es que la mina debe irse. Pero eso solo no soluciona las cosas, porque las personas que la defienden quieren que ella se quede, y nosotros queremos que se vaya. Todos vivimos lado a lado. A un lado de alguien que quiere la mina vive alguien que es enemigo de la mina. Todo el pueblo está dividido por esto. El grupo de padres de la escuela primaria no ha podido reunirse. Los padres han acordado una cuota para mantener la escuela funcionando año tras año, pero este año los padres del otro lado presentaron una demanda para dejar de cobrar la cuota. La escuela ha podido seguir funcionando, pero uno ya puede ver los conflictos entre los niños. Ellos se ven como enemigos, dependiendo de cual posición han tomado sus padres. Se atacan mutuamente con palabras, pero ya empezaron a hablar sobre armas y pistolas. Estamos viviendo con este conflicto dentro de todas nuestras instituciones. Balas y tiros todos los días, todas las horas del día.
“Nosotros sólo queremos nuestros derechos respetados, y vivir vidas normales. Estamos aterrorizados por personas que están manejando nuevos coches y tienes armas poderosas. Y nuestras manos están vacías – no tenemos ninguna manera de defendernos. Todo esto es por causa de la mina. Queremos que la mina se vaya”, reitera Abigahil.
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El autor agradece a Jorge Hernández Hernández por su asistencia con la investigación de este artículo.