Nuevamente los mineros artesanales del sur medio han iniciado una medida de fuerza, ellos denuncian que se estaría reduciendo el plazo para el proceso de formalización. En el fondo lo que plantean es que se amplíe nuevamente el plazo para cumplir con la normativa vigente.
Nos preocupa por un lado la existencia de mineros artesanales que no tienen voluntad de formalizarse, pero también por otro lado la inexistencia de una política pública que realmente resuelva esta compleja problemática.
Es imperativa la necesidad de que la actividad de pequeña minería y minería artesanal se formalice; sin embargo, la normativa lejos de facilitar este proceso lo complejiza, planteando exigencias que la mayoría de pequeños mineros no podrán cumplir, dando argumentos a aquellos sectores que no están dispuestos a la formalización.
Esta situación se presenta así, porque desde el Estado no se están abordando con responsabilidad las causas de fondo para la existencia de una minería ahora declarada abiertamente ilegal.
Al menos cinco medidas debieran adoptarse para abordar con responsabilidad la solución a este grave problema, que afecta tanto a las personas como al medio ambiente y la economía del país.
1) Ordenamiento Territorial, que permita decidir dónde sí y dónde no se pueden realizar actividades extractivas, antes de otorgar un derecho minero o título de concesión minera. Revisión de la política pública sobre otorgamiento de concesiones en ecosistemas frágiles, zonas de producción y distribución de agua, articulación a políticas regionales y locales de desarrollo.
2) Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental, incorporación de instrumentos como las Evaluaciones Ambientales Estratégicas, depuración del Catastro Minero Nacional; prohibición del uso de cianuro y mercurio.
3) Fortalecimiento de la institucionalidad pública regional y nacional, de capacidades de los Gobiernos Regionales y las DREM (Dirección Regional de Energía y Minas), entrega de información pertinente y oportuna a los pequeños mineros (PM) y mineros artesanales (MA); diversificación económica productiva, dirigida a los pequeños productores y comunidades campesinas, promoción de alternativas de desarrollo económico para aquellos mineros que no podrán formalizarse.
4) Diagnóstico integral del sector; identificación de la totalidad de la cadena productiva, los actores económicos, políticos, sociales, y qué roles específicos desempeñan.
5) Desarrollo de estrategias integrales para el sector de pequeña minería y minería artesanal; para aquellos que no podrán formalizarse; para la prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente. Proveer de asesoría y acompañamiento técnico a quienes sí podrán hacerlo: formalización, tecnificación, diversificación económica para la familia, fortalecimiento del sistema educativo y de salud, y articulación con los procesos de desarrollo local sostenible; fortalecimiento de sus capacidades administrativas y de gestión, inversión en tecnificación para garantizar la salud de las personas, proteger el medio ambiente y hacer más rentable su trabajo; iniciar procesos de remediación ambiental de zonas degradadas en coordinación con los mineros y sus organizaciones representativas.
Se trata de que todos los actores involucrados demuestren en la práctica su voluntad política, para que el sector de pequeña minería y minería artesanal se desarrolle respetando los derechos en su integralidad.