24 de Julio 2012
Qué lejano parece el 28 de julio del año pasado. Ha pasado casi un año y parecen diez. Tres gabinetes en menos de un año es el mejor indicador de la situación en la que se encuentra el gobierno.
El gobierno del presidente Humala sufre de una suerte de envejecimiento prematuro.
Hay consenso en señalar que los conflictos sociales son el principal problema que enfrenta el gobierno, aunque debemos precisar: el problema en realidad es la manera como se enfrentan estos conflictos. En relación al tema de la conflictividad social, este es el gobierno de la gran continuidad.
El flamante Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, ha anunciado algunos cambios en el manejo de los conflictos. Ha dicho que la actual oficina de la PCM tendrá nuevo nombre y será modificada con un enfoque más preventivo en donde se priorizará el diálogo. Está bien, sin embargo, se necesitará mucho más que discursos y buenas intenciones para un replanteo sustantivo de la relación minería, protección ambiental y conflictividad social.
No estaría mal que el presidente se acuerde del discurso de hace un año, de los anuncios que hizo y de frases como: “tenemos un Estado que le da soroche y hay que acercarlo a las poblaciones de todo el país; el Perú necesita de una verdadera política de ordenamiento territorial y uso sostenible de los recursos; hay que fortalecer la gestión ambiental”, etc.
Todo indica que es insostenible seguir manteniendo instrumentos que en veinte años no se han renovado y que ni siquiera responden a estándares aceptados internacionalmente. Por ejemplo, no es sostenible que los Estudios de Impacto Ambiental sigan siendo aprobados por el Ministerio de Energía y Minas. Lo cierto es que el marco legal y la institucionalidad que existe en el país para abordar los temas ambientales y de las industrias extractivas han caducado y se necesita implementar reformas sustantivas. ¿Algo harán al respecto? Se ha anunciado que una comisión multisectorial viene trabajando estos temas y seguramente habrá algún anuncio en el discurso del 28 de julio.
¿Cuáles son algunos componentes del set de políticas públicas que se necesitan? Gestión ambiental transectorial y descentralizada; evaluaciones ambientales rigurosas, lo que significa contar con estudios de impactos ambientales fortalecidos, que se complementen con otras herramientas que permitan medir el impacto acumulativo de varios proyectos en una determinada zona; ordenamiento territorial y zonificación económica y ecológica; consulta e información oportuna para las poblaciones y las autoridades locales; transparencia en la toma de decisiones; protección de fuentes de agua; fortalecimiento de capacidades para la prevención de impactos, más aún en un escenario de cambio climático; límites máximos permisibles de emisiones que se actualicen a los mejores estándares internacionales, entre otras iniciativas.
Estas pistas de políticas públicas no son ninguna novedad, están plenamente identificadas y se implementan en la mayoría de países que tienen una actividad extractiva importante. Lo que se necesita es voluntad política para sacar adelante las reformas necesarias, precisamente lo que le ha faltado al gobierno en este primer año. Un nuevo año perdido sería fatal para la gobernabilidad democrática del país.