1 de Abril 2011
Víctor L. Bacchetta
En un debate en el Senado uruguayo sobre el nuevo Código de Minería, donde en todo momento estaba presente el proyecto de Zamín Ferrous, integrantes del gobierno de José Mujica y líderes de la oposición no asumen los impactos sobre el ecosistema de una mina de hierro a cielo abierto de gran porte en el centro del país y lo conciben, a lo sumo, como un diferendo entre intereses económicos particulares.
La Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado de Uruguay dedicó la primera sesión del año, el 16 de febrero último, al análisis de la reforma del Código de Minería. El proyecto viene con media sanción de la Cámara de Diputados donde, el 27 de diciembre pasado, el oficialismo logró, en una tumultuosa sesión, aprobar con urgencia el proyecto. Antes de la votación, desalojaron las barras donde productores rurales protestaban vivamente contra la reforma.
El apuro del gobierno, que llegó a incluir la reforma del Código de 1982 en la Ley de Presupuesto Quinquenal, obedece al interés de adecuar la ley vigente a las necesidades de un proyecto y de una empresa: una mina de hierro a cielo abierto en gran escala en la región de Valentines y la empresa que lo impulsa, la cada vez más notoria Aratirí, que actúa como fachada nacional de la firma internacional Zamin Ferrous.
La presencia en el Parlamento del ministro de Industrias, Roberto Kreimerman, junto a destacados líderes de los partidos representados en esa comisión del Senado permitió conocer el pensamiento de estos sectores sobre la reforma del Código Minero e incluso su posición frente al proyecto minero de Aratirí. Aunque el debate recién comienza, la instancia del Senado parece presentarse más complicada para el gobierno y el proyecto, de ser modificado, deberá ser devuelto a la Cámara de Diputados.
A esta sesión de la comisión asistieron los senadores Daniel Martínez, que la presidió, Susana Dalmás, Alberto Couriel y Eleuterio Fernández Huidobro, por el Frente Amplio, Sergio Abreu, por el Partido Nacional (Blanco), y Pedro Bordaberry, por el Partido Colorado. El ex presidente y actual senador blanco Luis Alberto Lacalle Herrera, si bien no integra la comisión, también asistió y expresó su punto de vista.
Claves de la reforma
Uno de los puntos principales de la propuesta oficial de reforma del Código de Minería es la extensión física y cronológica de los derechos mineros, es decir, el incremento de las superficies abarcables y de los plazos de vigencia de las llamadas ‘servidumbres mineras’ en las tres fases -prospección, exploración y explotación-, durante las cuales el propietario del campo está obligado por el código actual, una vez que lo decide el Poder Ejecutivo, a permitir a la minera operar libremente en su territorio.
Por la ley vigente, un permiso de prospección puede extenderse hasta 24 meses en una superficie con un tope máximo de 100 mil hectáreas y tener, una sola vez, una prórroga por 12 meses más -tres años en total-, reduciendo la superficie a la mitad. En la reforma, el plazo inicial llega hasta 36 meses y con prórrogas alcanza a 72 meses -seis años-, el doble que antes. En cuanto a la superficie, resulta que el minero podrá retener hasta 100 mil há. por 48 meses, 75 mil há. por 60 meses y 56.250 há. por 72 meses.
Pero la reforma agrega que el Poder Ejecutivo «podrá autorizar que se exceda el área máxima, por razones fundadas», sin definir esas razones. Con esto, el gobierno no tendrá límites para ampliar el área ni razones establecidas a que atenerse.
De la misma manera, la reforma votada en Diputados amplía los plazos máximos para la exploración de 48 a 72 meses, sin liberar superficie en los 48 meses iniciales, y vuelve a autorizar al Poder Ejecutivo a sobrepasar «por razones fundadas», sin explicar cuáles y en forma ilimitada, las áreas máximas previstas por la ley.
En un artículo publicado en el dario El País, Juan Andrés Ramírez, uno de los autores del Código de Minería de 1982 y ex ministro del gobierno de Lacalle, afirmó que: «La consecuencia de la reforma aprobada es prestarse a la especulación empresarial». Para Ramírez, profesor de Derecho Civil, con unos «pocos miles de dólares» para obtener el permiso de prospección, con un gasto algo mayor en la fase de exploración y «sin ninguna inversión significativa ni carga tributaria importante», se cedería a un inversionista el derecho preferente sobre un área indefinida por hasta 12 años.
«¿Es ese el costoso precio que debemos pagar para atraer empresas mineras multinacionales? Seguramente no», concluyó el jurista.
Otro aspecto importante de la reforma se refiere al canon o regalía, el porcentaje de la producción que deberá pagar el minero al Estado por la extracción del recurso, en este caso no renovable. Aquí la reforma reduce lo estipulado para los metales; la ley vigente establecía un 5% en los primeros cinco años y un 8% en los años siguientes, mientras que ahora permanecería en un 5% durante toda la fase de explotación.
El optimismo del gobierno
Ante la comisión senatorial, el ingeniero Kreimerman parecía dar una clase escolar al señalar los objetos de metal sobre la mesa y llamarlos «elementos naturales de enorme utilización»(sic). Su defensa de la reforma se basa en una valoración sumamente optimista de la coyuntura internacional y del futuro minero del Uruguay.
«Nos encontramos en un momento histórico mundial, donde la larga tradición minera de nuestro país -siempre basada en la pequeña y mediana empresa dirigida a la construcción o a la extracción de cal para algunas industrias-, da lugar a la minería de gran porte, la que no se agota en un solo proyecto minero sino en varios», expresó.
Según el ministro, los cambios propuestos tienen tres objetivos: i) el desarrollo de la industria minera; ii) mayores riquezas para el país como fruto de ese desarrollo; y iii) una integración armónica y sostenible al sistema productivo del país. Un aspecto sin cuestionamientos políticos es la inclusión en la reforma de que el 15% de la venta del metal extraído por las mineras deba ser ofrecido dentro del país con vistas a fomentar industrias de transformación del mineral en el territorio nacional.
Kreimerman confirmó que los cambios buscan facilitar a las empresas que «arriesgan en la etapa de prospección y de exploración, sin tener a cambio una ganancia, pero si la tienen de manera importante en la fase de explotación». Para justificar la duplicación de los plazos de retención del título minero, alegó que los geólogos disponen hoy de tecnologías poderosas pero «implican un estudio más profundo, lento y costoso».
Tal vez para no abrumar a su auditorio, Kreimerman no nombró esas tecnologías, pero esa valoración es cuestionada por opiniones técnicas como la siguiente:
«Los avances han seguido el adelanto en otras ramas de la ciencia, han sido para ir más rápido y proporcionan más datos. Hay más costo en equipos que usan sofisticados principios de detección, matemáticas, electrónica e informática, pero menos tiempo para definir un yacimiento. Las prospecciones aéreas, satelitales y en el terreno van rápido. Los métodos de sísmica, georradar, electromagnéticos y otros combinados van rápido. Hoy la tecnología de perforación es más rápida y los laboratorios también van más rápido en análisis que pueden hacerse masivamente», comenta el profesor Carlos Anido, ingeniero de minas de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.
El ministro no aludió, tampoco, al fenómeno de las empresas «junior» en la minería de hoy, cuyas características coinciden justamente con la empresa gestora del proyecto en Valentines. Son empresas de corta vida que, con una pequeña inversión, acceden a los derechos preferenciales mineros y buscan ganar en la negociación de los títulos, siendo muy propensas a la especulación. Este fue, precisamente, el peligro de la ampliación de los plazos y las superficies cautivas señalado por el doctor Ramírez.
Impactos no tan cercanos
El líder de Vamos Uruguay, sector mayoritario del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, apoyó la opinión de Ramírez y afirmó que con la actual reforma «obviamente el sistema tendería a la especulación y a toda una industria que se dio en el Uruguay sobre pedido de permisos, extensión de los plazos y formación de sociedades anónimas del mismo titular». Esta ‘industria’ es utilizada hoy mismo por la firma Aratirí, con reconocimiento de la propia Dinamige, como han denunciado productores de Valentines.
Bordaberry quiso expresar además su preocupación por «la protección de los pequeños productores» que poseen entre 100 y 300 hectáreas de campo y no tienen acceso a los estudios jurídicos. Propuso un defensor de oficio para asesorarlos, medida apoyada por otros miembros de la comisión y su presidente Daniel Martínez.
El dirigente colorado planteó también la situación de los vecinos: «Se dice que va a haber dinamita dos o tres veces por día. Yo quiero ver cuál es la vaca que se alza si a 500 metros dos o tres veces por día se dinamita», comentó y exhortó a «pensar en indemnizaciones para quienes se vean perjudicados». Kreimerman llegó a admitir el problema -comentó que «la legislación internacional a veces avala estas diferencias»-, pero lo remitió a los canales habituales de reclamación por daños.
Sin embargo, el ejemplo dado por Bordaberry es menor frente a lo reconocido por la propia empresa. En junio pasado, en el Centro Social de Cerro Chato, unos técnicos de Aratirí dijeron que la fauna y el ganado deberán estar, por seguridad, a más de tres o cuatro mil metros del área de operaciones. Si sumamos esa franja a las 12 a 15 mil hectáreas que ocupa la mina, son de 30 a 41 mil há. a ser totalmente despejadas de seres humanos y animales. (Para hacerse una idea: el lago de la represa de Palmar ocupa 32 mil hectáreas y el departamento de Montevideo 53 mil há.)
¿Alguien puede concebir, razonablemente, que una evacuación de esa magnitud, en un corto período de tiempo, de una población constituida por más de 300 familias de productores rurales, con bienes muebles y animales, pueda ser resuelta en forma tranquila y satisfactoria a través de los canales habituales de reclamación?
Una salida… económica
El ex presidente Lacalle, luego de decir que se sentía tocado personalmente, por tener un campo de 996 há. en el departamento de Florida, y que conoce a los pobladores de la zona por haber sido diputado por Treinta y Tres, aseguró que «para el propietario y las familias que han vivido varias generaciones en el campo, la minería a cielo abierto es una agresión hasta de carácter espiritual». Señaló que al tratarse de perforaciones con profundidades de 200 o 300 metros y extensiones de centenares, cuando no de miles de hectáreas, «se puede imaginar hasta la desaparición física del predio».
La situación planteada por el dirigente blanco coincide con una realidad que tanto la minera como el gobierno pretenden ignorar o eludir. Aratirí ha propuesto, por ejemplo, a productores comprarles una parte del campo como si la restante pudiera mantenerla intacta. El gobierno no ha generado ninguna instancia de intermediación o solución de disputas dejando a los productores a merced de la presión constante de la empresa. El presidente Mujica recibió a ejecutivos de Zamin Ferrous, pero se ha negado a recibir a los productores y repite generalidades sobre la inversión y el desarrollo.
Lacalle planteó también la dificultad para calcular el canon cuando la tierra se ha vuelto un inmenso agujero. ¿Cómo hace el productor para saber el valor extraído de su predio? Y advirtió que podrían darse situaciones de «desesperación» y el riesgo de «tiros», pero para el ex presidente éste es, en lo esencial, un conflicto de intereses económicos a resolver en este marco.»Tendríamos que buscar una salida», dice.
La idea de Lacalle es que la ley incluya la opción del productor de vender su campo, para asegurarle un mecanismo que lo defienda en la transacción con la minera. «Creo que debe existir la opción de que se realice una tasación del bien y el propietario lo pueda vender, hasta con alguna compensación por el ‘daño moral’ -no es exactamente así, pero hay algo de eso- que se produce»(sic). Para el líder blanco, ese daño moral se podría compensar con un 10% o 15% adicional sobre la venta del predio.
Son salidas con cortedad de miras en varios sentidos, pero sobre todo no valoran la diferencia sustancial entre minería a cielo abierto y minería subterránea.
¿Podrán ver más allá?
En definitiva, para Lacalle y Bordaberry, el diferendo entre el productor y la minera se soluciona con una indemnización o la venta en condiciones económicas adecuadas para compensar los daños patrimoniales y ‘morales’. En esta visión, la tierra es un capital más y la responsabilidad social de su posesión no cuenta. La responsabilidad social con la tierra, que el dueño debe respetar y el Estado controlar, es preservar el ecosistema, el patrimonio de la nación que asegura la supervivencia de la sociedad.
Esta ha sido la noción dominante entre los grandes terratenientes del país, expresada históricamente por la Asociación Rural y, algo menos, por la Federación Rural. De ella solo se diferencian los pequeños y medianos productores afincados a la tierra, hoy en declive por el avance de las empresas agroindustriales y la minería. En éstas empresas el leitmotiv es maximizar las ganancias a toda costa y el concepto de responsabilidad social con la tierra y el ecosistema no tiene prioridad.
El Frente Amplio en el gobierno, que no es heredero de esa visión tradicional con respecto a la tierra, pretende en cambio avanzar en un proceso de industrialización nacional basado en la inversión extranjera pero, al no querer discernir la naturaleza y las aplicaciones de ese capital, se somete a una inversión centrada hoy en la extracción de recursos naturales y la especulación financiera que -como es visible a esta altura en el mundo- cuestiona tanto la sustentabilidad de los ecosistemas como la de la sociedad.
Para estos sectores políticos predominantes en el Parlamento, el problema se reduce a compensar a los afectados inmediatos, tomándolos separados entre sí y del resto de la sociedad, como si una mina de hierro a cielo abierto de esa magnitud pudiera quedar circunscripta a una región aislada del país. Se reiteran frases tales como «armonizar los distintos desarrollos» y «remediar los impactos», pero resultan ser meros eufemismos frente a un tipo de actividad extractiva que lo hace impracticable.
Con una mina de hierro a cielo abierto de 40 mil hectáreas de extensión, con franja de seguridad incluida, no hay convivencia ni remediación posible. Por una parte, los daños irreparables a los pobladores que, de forma voluntaria o forzada, serán evacuados del lugar. Por la otra, el legado de enormes pozos y depósitos de desechos, contaminación de las napas subterráneas y cursos de agua del sistema hídrico nacional, son daños irreparables al país que no hay dinero que los pueda compensar.