Los campesinos de Tasco, en Boyacá, completaron nueve meses de campamento en el complejo natural de Pisba para impedir la explotación de hierro en su territorio. El lugar exacto del plantón es la mina de El Banco, ubicada en la vereda El Pedregal. Allí, desde junio del año pasado, se alza una carpa que tiene vigilantes las 24 horas del día, en turnos que se rotan entre los campesinos de la comunidad. “porque la vereda tiene que sobrevivir, trabajar y no trasnochar tanto”, cuenta Sixto Amaya, uno de los campesinos líderes de la protesta.
La historia de la mina se remonta a los años 60, cuando Acerías Paz del Río llegó en busca de hierro y carbón. Desde 2002 la empresa culminó su explotación antes de que la brasileña Votorantim adquiriera la mayoría accionaria de la compañía. Después de 10 años, en diciembre de 2013, iniciaron un nuevo proceso para reabrir la mina El Banco. Pero, según Sixto Amaya, líder de la protesta, “después de ver los daños la vereda le dijo no más a la pérdida de aguas. Estamos cuidando los poquitos nacimientos que nos quedan”. Según este campesino, la minería les ha arrebatado más de 30 fuentes de agua en la región y aún les quedan 25 vivas, que son las que intentan preservar.
No obstante, según le dijo el vocero de la minera Paz del Río a El Espectador, “en el caso de la mina El Banco se ha evidenciado, desde un punto de vista estrictamente técnico, que no existen nacimientos de agua y los 30 a los que hacen alusión no tienen origen en aguas subterráneas, son espacios cuya recarga depende exclusivamente de aguas lluvias”.
Pero de acuerdo con el documento elaborado por la investigadora Esthefanny Yague, del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo (ILSA), el caso de la minería en Pisba ha dejado otros costos ambientales, como las grandes cantidades de hectáreas deforestadas, la disminución del rendimiento agrícola y pecuario, la destrucción de la fauna y flora, y el cambio en el curso de las aguas lluvias. Yague asegura que el ecosistema de páramo está siendo afectado y la intervención minera ha provocado agua ácida por la colación de metales pesados. Éstas aguas son el suministro diario de los pobladores de Yopal y Tasco.
La lista de problemas no es sólo ambiental. Como explicó Andreiv Pinzón, integrante de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Pcdhdd), que apoya la protesta, cuando Paz del Río comenzó su operación desestabilizó sus suelos, hubo campesinos damnificados a los que se les vinieron abajo sus casas, grietas en las carreteras y contaminación por el polvo. “Se afectó toda la economía campesina porque ellos históricamente han convivido con el páramo, el agua y el ecosistema”, aseguró.
Justamente para los campesinos el agua es el problema más agudo, el que los pone en mayores aprietos. La minería tiene también amenazada a la laguna de Oro, una recarga hídrica de la región donde se hace minería de carbón. Por esto se han visto afectados varios acueductos comunitarios. “Entonces se cuestiona que el Estado privilegie la minería como interés nacional y no el agua como derecho humano”, comentó Andreiv Pinzón.
En ese desajuste de derechos coincide Lorenzo Suárez, presidente de la Asociación de Integración Campesina. Como explica, en Boyacá existe la laguna de Tota, un mar de agua dulce a 3.500 metros sobre el nivel del mar que provisiona a más de 6 municipios, incluidos la ciudad de Sogamoso. Esta ciudad, de 150 mil habitantes, consume 8 pulgadas de agua, mientras Acerías Paz del Río se gasta 30 pulgadas, es decir, lo que consumirían cuatro ciudades. Lo peor de todo, dice, es que contamina las aguas que desembocan en el río Chicamocha, el principal río de Boyacá y el segundo más contaminado del país después del Bogotá, porque tiene más de 28 vertimientos de agua altamente tóxica.
A pesar de todos estos problemas, los tasqueños resisten. Sin embargo, esta no es la única vez que lo han hecho. Se han consolidado como un caso emblemático en el país de una comunidad que detiene con sus propias manos a la maquinaria minera. Por ejemplo, en el año 2013 duraron 28 días en un campamento en pleno páramo de una zona contigua al Parque Natural de Pisba. La lucha alcanzó la movilización de 4.000 personas, entre organizaciones campesinas, acueductos comunitarios y los mismos pobladores de la región, quienes lograron vencer a la multinacional estadounidense Hunza Coal, cuya pretensión era explotar 700 mil toneladas anuales de carbón.
Paz del Río afirma que han hecho un trabajo serio para agotar todos los mecanismos de diálogo y concertación posibles con la comunidad. “En octubre de 2015, la compañía nuevamente de manera voluntaria optó por no intentar explotar la mina. A la fecha tenemos conocimiento de que persisten los bloqueos en la zona, acompañados de diversas acciones del grupo opositor. Paz del Río ha reiterado que de darse la apertura de la mina, se realizará con los más altos estándares de sostenibilidad que existen, con intervención social responsable y todo ello enmarcado en el respeto por las comunidades y en pro de generar desarrollo local”.
De acuerdo con información de la compañía, 15.000 familias boyacenses se ven beneficiadas por Acerías, pues es el mayor empleador del departamento con cerca de 1.500 empleados directos y 1.500 indirectos, y más de 4.000 pensionados.
Lo cierto es que los campesinos de Tasco se niegan a moverse de su plantón hasta tener las garantías que les demuestren que la empresa no va a empezar operaciones. La reciente decisión de la Corte de prohibir la minería en páramos les da un respiro, pero no es suficiente porque, según Pinzón, estas empresas nunca pierden, mientras que los ciudadanos sí. “El día que nos devuelvan los nacimientos de agua, ese día pueden explotar”, concluyó Sixto Amaya, líder de la protesta.
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