Emma Gómez M.
Las declaraciones del Ministro del Interior Wilfredo Pedraza han causado preocupación y dan cuenta de la mirada limitada que le está dando el actual gobierno a la prevención y transformación de conflictos. El ministro ha anunciado que: “Tenemos en previsión varias actividades, en primer lugar la creación de los frentes policiales en zonas mineras, con la finalidad de garantizar las actividades allí donde se producen.” Continúa señalando que “El conflicto minero va a ser un conflicto permanente y por eso nuestra necesidad de crear frentes policiales para garantizar la actividad al ciudadano, para garantizar la inversión minera y para garantizar también la protesta pacífica allí donde quieran hacerlo, porque es lícita una protesta”.
La primera pregunta que surge casi de manera inmediata es si el establecimiento de frentes policiales, ante la actual coyuntura, será una medida que contribuirá a reducir los altos índices de conflictividad social. Cabe señalar que el establecimiento de estos llamados frentes policiales sigue la misma lógica de priorizar la represión policial para enfrentar los conflictos sociales en los últimos años. Una medida que no sólo ha afectado los derechos de las poblaciones que han elevado su voz de protesta y que ha cobrado víctimas mortales, sino que ha demostrado ser totalmente ineficaz.
No es la primera vez que un gobierno tiene un tipo de propuesta de esta naturaleza. Recordemos que en el año 2009, el entonces presidente del Consejo de Ministros de Perú, Javier Velásquez, anunció la instalación de bases militares para proteger los asentamientos mineros.
Ello se contradice con el discurso del gobierno que ha señalado que apuestan por procesos de diálogo. Un tema clave es evaluar las condiciones que deben darse para un proceso de diálogo que responda a las expectativas de todas las partes. ¿Es posible exigirle a la población que dialogue con policías cercando la zona de conflicto? Creemos que no. Existen muchos peligros: agresiones, enfrentamientos, afectación de derechos, criminalización. La fórmula solución de conflictos = uso de fuerza policial no funciona y son varios los casos que prueban ello.
En CooperAcción rechazamos los actos de violencia y propiciamos las salidas dialogadas y pacíficas a los conflictos. Al mismo tiempo consideramos que el diálogo y la prevención de los conflictos deben partir del respeto de los derechos de la población, de la capacidad de escuchar sus demandas, de empezar a buscar cuáles son las causas de los conflictos y no reducir las explicaciones a la existencia de grupos de anti mineros que, ahora se dice, hasta ofrecen un paquete de servicios a las poblaciones, fácilmente “manipulables”(1). ¿Se pueden explicar todos los conflictos por esta causa? Mientras se insista en la teoría del complot, no se va a encontrar soluciones sostenibles y los conflictos o las ahora llamadas controversias seguirán creciendo.