Varios documentos demuestran que el proyecto de investigación del terreno presentado por Javi y Antonio S.L no fue estudiado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente y que por lo tanto el expediente carece del informe del impacto ambiental correspondiente.
Una mina de irregularidades. En esto se ha convertido el proyecto de explotación de feldespato planeado para la Sierra de Ávila. La última de ellas se ha descubierto en el proceso que otorgó a la empresa, Antonio y Javi S.L, el permiso de investigación. Varios documentos a los que ha tenido acceso Estrella Digital demuestran que en 2007 tanto el jefe de la Sección de Minas, Feliciano Gozalo Vaquero, como el jefe del Servicio Territorial, Alfonso Nieto Caldeiro, tenían constancia de que el impacto medioambiental que produciría la cantera de feldespato no había sido estudiado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente. Es decir, el proyecto minero que tanta polémica ha levantado Ávila contiene errores y fallos desde sus inicios.
El proceso para convertir a la Sierra de Ávila en un ‘campo de agujeros’ comenzó el 23 de febrero de 2007 cuando Antonio Águeda Carnicero, en representación de la empresa Antonio y Javi S.L, presenta en el Servicio Territorial de Castilla y León en Ávila la solicitud de Permiso de Investigación de recursos de una amplia zona de la sierra abulenses, 434 hectáreas en concreto. El 13 de marzo de 2007, la compañía ingresa los 2.126,80 euros necesarios para tramitar el expediente de la propuesta de investigación. Más tarde, en el punto tercero del informe redactado por el jefe de Sección de minas se le reconoce a Juan Antonio Águeda Carnicero, administrador solidario de la sociedad Antonio y Javi S.L, las condiciones para ser titular de los derechos mineros.
El cuarto punto, el menos irrelevante, puntualiza que la investigación será dirigida a la localización de feldespato. Es en el quinto apartado cuando se vislumbra el primer indicio de irregularidad o contradicción. En los textos redactados por el jefe de Sección de Minas y el jefe del Servicio Industrial se reconoce que el 11 de mayo de 2007 se remite el proyecto de investigación al Servicio Territorial de Medio Ambiente para su tramitación medioambiental.
Lo curioso es que en esa misma fecha se le requiere a la compañía Antonio y Javi S.L un ejemplar del proyecto porque es necesario para la tramitación definitiva del proyecto. Es decir, sí las fechas son verídicas se deduce que el 11 de mayo se requiere una copia del proyecto y que ese mismo día son capaces de remitirlo a Medio Ambiente.
Una tramitación sin informe ambiental
Pero lo peor es cuando en el punto sexto de los informes del jefe de Sección de Minas y del Servicio Territorial de Industria se reconoce que no se ha recibido ningún informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, pero que aun así proceden a la aprobación definitiva de la propuesta de investigación. Es decir, primero informan a la compañía Antonio y Javi S.L que la es necesario que remitan una copia del proyecto para su estudio ambiental y luego deciden aprobar la propuesta definitiva con la ausencia del mismo.
El jefe de Sección de Minas considera que el hecho de que la documentación presentada por el solicitante se ajuste a los establecido en el capítulo III del Título V de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y que el hecho de haber ingresado la tasa correspondiente para la tramitación es suficiente para proponer la admisión definitiva a la solicitud del Permiso de Investigación al jefe del Servicio Territorial de Industria, Alfonso Nieto Caldeiro. Este último es el que asume los errores del anterior y en vez de enmendarlos y reclamar el informe medio ambiental decide aprobar definitiva la propuesta.
Ante estas irregularidades CCOO denuncia la situación y consideran que el Expediente para la explotación de feldespato en Ávila está “viciado por completo” desde sus inicios. Por este motivo, consideran que el hecho de solicitar en la actualidad el informe de impacto medioambiental sólo es una “huida hacia adelante para no reconocer los errores cometidos”.
La central alega que la concesión del permiso de investigación se concedió sin someterse a ninguna evaluación de impacto medio ambiental y sin tener en cuenta que afectaba a un tramo de la Cañada Real. También hacen referencia que no se tuvo en cuenta la presencia en los terrenos del Águila Imperial Ibérica, especie protegida y en peligro de extinción. Por último, defienden que el Servicio Territorial de Industria pasó por alto el hecho de que 104 de las hectáreas de las 434 que contiene el proyecto son de la europea Red Natura 2000. Por todos estos motivos, CCOO exigen la anulación de la Concesión de explotación minera porque entienden que ya desde los trámites necesarios para la investigación del terreno se cometieron irregularidades.