08 de Marzo de 2012
A través de una carta abierta dirigida a la opinión pública nacional e internacional, los 17 comuneros procesados por la defensa de los más de 80 ojos de agua existentes en el Cerro Condorhuain reiteraron su inocencia, pues el único delito que dicen haber cometido es defender sus fuentes de agua y su medio ambiente.
En la misiva, los comuneros rechazaron que se les señale como criminales por el simple hecho de defender su forma de vida frente a la imposición de actividades ajenas a las que se desarrollan en esa zona del Callejón de los Conchucos.
Según manifiestan la oposición a las actividades de Barrick Misquichilca en el Condorhuain se debe a que en ese lugar se realizarían 13 perforaciones de 350 metros de profundidad, empleando materiales químicos peligrosos (Bentonita, radioactivos, cianuro, etc.), los cuales contaminarían y afectarían sus fuentes de agua.
En la carta, recuerdan que el principal problema de la Cordillera Negra es la escasez de agua y los pocos recursos que existen en la zona son destinados a la agricultura y ganadería que son las actividades que les permiten vivir.
“Por mucho tiempo nosotros hemos vivido respetando a nuestra Madre Tierra, pues somos sus hijos, ella nos cuida, y nosotros la cuidamos. El Awilu Jirka Condorwain nos protege porque en él nacen las aguas que nos alimentan y nos dan vida”, afirman.
Frente a esta situación vienen planteando la intervención de la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Energía y Minas, Gobierno Regional, Ministerio de Agricultura, y la Junta del Distrito de Riego.
Finalmente hacen un llamado a la ciudadanía de Huaraz para sumarse a la Cadena Humana para el “ABRAZO A LA JUSTICIA”, de la cual pueden participar este viernes 9 de marzo desde las 2:00 p.m. en el Frontis del Palacio de Justicia, en la capital de la región Ancash.
“No pedimos impunidad, sólo pedimos que los magistrados actúen con imparcialidad y sabio criterio. La justicia no es ciega ni sorda. La justicia no condena a inocentes”, reiteraron.
La carta es firmada por los 17 comuneros procesados, para quienes la fiscalía ha pedido que se les imponga una pena de 30 años de cárcel.